El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Nuevos audios difundidos por diversos medios revelan supuestas negociaciones con el Tribunal Constitucional (TC), en las que habría asegurado a una mujer que contaba con el respaldo de dos magistrados para que el fallo saliera a su favor.
Según han divulgado varios medios, en uno de los registros se escucha a Santiváñez conversar con la esposa de Miguel Salirrosas, un policía defendido por él, y en ese contexto mencionar que “tenía” a dos jueces del máximo órgano constitucional. La revelación ha encendido las alarmas sobre un posible tráfico de influencias al más alto nivel.
En otro de los audios, la voz atribuida al ministro afirma que un dinero recibido no fue para él, sino que se destinó a “adelantar el tema”. La Fiscalía sostiene que Santiváñez habría solicitado 20 mil dólares para favorecer a su cliente, además de 20 mil soles como honorarios personales.
“Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe. (…) Nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. (…) Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando”, se escucha en uno de los audios difundidos.
“Sí, señito. Si recuerdo que eso fue, creo, en soles, pero si se acuerda, fue justamente para adelantar el tema. Yo no me quedé con ese honorario, sino que lo entregué (…) no fue mío”, dice la grabación.
De acuerdo con las investigaciones, las presuntas negociaciones se remontan a enero de 2024, cuando Santiváñez asumió la defensa de dos policías vinculados a la organización criminal Los Pulpos en Trujillo. El ministro habría asegurado a sus clientes que con el dinero solicitado podía “asegurar el tema” en el TC.
La información fiscal incluye testimonios protegidos que señalan transferencias por montos de 10 mil, 9,700 y 300 dólares, realizadas entre el 18 y 19 de enero de ese año. Estas sumas serían parte del pago pactado para lograr un fallo favorable.
Los audios difundidos no son los únicos. La Fiscalía asegura tener en su poder 77 grabaciones y más de mil mensajes de WhatsApp en los que se menciona directamente a Santiváñez. Entre ellas, destacan conversaciones con el capitán PNP Junior Izquierdo, alias Culebra, en las que habría mencionado presiones desde Palacio para desarticular la Diviac y hasta una supuesta ayuda en la fuga de Vladimir Cerrón.
El material ya fue sometido a peritajes. Según un informe fonético-acústico del Ministerio Público, la voz analizada corresponde al ministro de Justicia con un nivel de certeza superior al 90%.
Santiváñez, según los mensajes atribuidos a él, hablaba con allegados de Miguel Salirrosas y usaba intermediarios para dar cuenta de sus gestiones. En esas comunicaciones advertía que el asunto era “delicado” y recomendaba no hablar por teléfono, sino en persona.
En paralelo, también habría ofrecido influencias en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y en el propio Ministerio de Justicia, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que usaba sus contactos políticos y profesionales para abrir camino a sus defendidos.
El caso ya generó consecuencias judiciales. El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el ministro, medida que fue suspendida temporalmente entre el 6 y el 11 de septiembre para que viajara a Suiza.
La defensa de Santiváñez, a cargo de la abogada Virginia Naval, cuestionó la legalidad de las pruebas y alegó que algunos testigos protegidos habrían estado directamente involucrados en los hechos, lo que –según ella– debilita la validez de sus declaraciones sin antes pasar por un proceso de colaboración eficaz.
Mientras tanto, los audios siguen saliendo a la luz y complican aún más la situación del ministro de Justicia, quien ahora no solo enfrenta a la opinión pública, sino también a un expediente fiscal que crece día a día.
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