El pleno del Congreso vivió una de sus jornadas más tensas del año. Lo que en la mañana parecía un revés definitivo para la denuncia contra Delia Espinoza, terminó convirtiéndose en una votación histórica por la tarde, cuando el hemiciclo alcanzó los 68 votos necesarios —e incluso los superó— para inhabilitarla por diez años del ejercicio de la función pública.
En la primera ronda, la moción apenas llegó a 61 votos, lejos del umbral requerido. Solo se aprobó la formación de causa penal. Sin embargo, dos pedidos de reconsideración cambiaron por completo el escenario político y reabrieron el debate.
Ya en la tarde, la representación nacional volvió a votar. Esta vez, la inhabilitación obtuvo el respaldo suficiente: 71 congresistas marcaron a favor, sellando el destino de la fiscal suprema suspendida. Con ese resultado, el Congreso aprobó tanto la sanción política como el levantamiento de su fuero.
Durante su intervención, Espinoza calificó la denuncia como “arbitraria” y aseguró que es consecuencia directa de haber impulsado acusaciones constitucionales contra once legisladores. En su versión, detrás de la ofensiva parlamentaria hay intereses oscuros.
“Choqué con un poder oscuro”, dijo frente al hemiciclo, al considerar que buscan apartarla sin ningún hecho relevante que lo sustente.
Tras el fracaso inicial, los parlamentarios no tardaron en presentar dos reconsideraciones. Ambas fueron admitidas y votadas en conjunto. Fue ese procedimiento el que permitió que el pleno reabriera la discusión sobre la inhabilitación de la magistrada.
Así, el proyecto de resolución legislativa que sanciona a Delia Espinoza por infracción constitucional terminó recibiendo esta vez el respaldo que no había logrado en la mañana.
En paralelo, la votación sobre la formación de causa penal también fue sometida a reconsideración, aunque en ese caso el pedido fue rechazado. Con ello quedó firme la autorización para iniciar el proceso penal, así como el levantamiento del fuero.
La decisión no solo sella su salida del Ministerio Público, sino que también activa la vía judicial que deberá seguirse a partir de ahora. El expediente será remitido a la Fiscalía de la Nación.
Según explicó el abogado penalista Andy Carrión, la aprobación de la causa penal activa de inmediato la ruta judicial. Ahora corresponde que la Fiscalía de la Nación abra investigación y defina si el caso se archiva o avanza hacia otras etapas del proceso penal.
Los delitos atribuidos en el informe final son abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato. Según el documento aprobado, la fiscal suprema habría respaldado un reglamento que vulneraba la Ley 32130, que devolvía a la Policía Nacional la conducción de investigaciones preliminares.
Durante su defensa, Espinoza insistió en que la denuncia responde a una “venganza política” y señaló que al menos 15 congresistas que votaron por su inhabilitación tienen investigaciones abiertas en el Ministerio Público. Afirmó además que no firmó el documento cuestionado.
Su abogado, Rodolfo Pérez, sostuvo que la responsabilidad recae en otros fiscales. No obstante, la denuncia solo derivó en sanción para ella, pese a que incluía también a Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.
Al cierre de la votación, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, celebró el resultado y sostuvo públicamente que la exfiscal había amenazado a los legisladores.
Con la sanción aprobada, Delia Espinoza queda impedida de ejercer cualquier función pública por los próximos diez años. Además, se someterá a una investigación penal que podría desembocar en un juicio, según los hallazgos que realice el Ministerio Público.
La magistrada aseguró que, pese a la inhabilitación, continuará su defensa y advirtió que volverá tarde o temprano. Para ella, lo ocurrido es una arbitrariedad y una vulneración a la autonomía del Ministerio Público.
El Congreso, por su parte, sostiene que actuó de acuerdo con la normativa vigente y que la decisión corresponde a una infracción constitucional grave. Así, el caso seguirá su curso en las instancias judiciales mientras el clima político se vuelve a encender en el Parlamento.
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