POR: MIGUEL RAMÍREZ/ PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN
“Queremos acabar con la frustración del pueblo”. Durante muchos años, miles de pobladores del país viven sus sueños frustrados. Cada día, cuando salen o regresan a sus hogares, se encuentran con cientos de obras paralizadas, abandonadas a su suerte. Pero parece que, por fin, una entidad ha encontrado una solución para reactivarlas: la Contraloría General de la República (CGR) que lidera Nelson Shack.
Shack quiso compartir con Trome un proyecto verdaderamente revolucionario que ha presentado al Ejecutivo, para reactivar estas obras, acabar con los malos arbitrajes y las intocables supervisoras.
Ahora la pelota está en la cancha del presidente Martín Vizcarra, quien mañana miércoles deberá dar una respuesta.
Hasta julio del 2018, en todo el país existían 867 obras nacionales y regionales paralizadas, con un monto de inversión de ¡S/.16.870 millones! Dichas cifras quedan cortas, pues otras 6 mil obras se encontrarían en la misma situación en los municipios del país.
Contralor, ¿cómo se detectó esta cantidad de obras paralizadas?
En las audiencias públicas que realizamos en provincias. Allí la gente me decía: ‘Contralor, la obra tal está tirada hace años’. Entonces comenzamos a averiguar. Encontramos casos absurdos, indolentes. Por ejemplo, un colegio que ya estaba listo, hasta con mobiliario, pero que estaba en arbitraje. Sin embargo, los niños estudiaban a unas cuadras en aulas de esteras. Lo mismo ocurría con un hospital en Cerro de Pasco, que la gente pedía a gritos.
¿Qué hicieron?
Desplazamos unos 500 auditores y logramos detectar todas las obras. Me reuní con el gabinete pasado. Les pedí que arreglaran el problema, que crearan un marco excepcional. Les dije que habían obras que estaban al 90 y 95%. Tuvimos varias reuniones, pero no pasó nada.
¿Entonces qué hizo?
Utilicé mi iniciativa legislativa y propuse un proyecto de ley al Congreso, que lo presenté en marzo. Allí se armó otra discusión. Me dijeron que yo no tenía iniciativa legislativa, solo iniciativa para el control. Tampoco pasó nada.
Hasta que se disolvió el Congreso.
Así es. Allí le presentamos al presidente Vizcarra nuestro proyecto. Nos pidió que lo reestructuremos. Ya lo hicimos. Hemos tenido varias reuniones y discusiones, sobre todo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
¿Cómo recuperar las obras paralizadas?
Se tomará el control de la obra, así esté en arbitraje. Se hará un peritaje técnico y las pretensiones o montos que se discuten seguirán su curso. Les diré: ‘Nos estamos peleando dos años. Sigamos peleando, pero sobre la base de este peritaje técnico. Hacemos el expediente de saldo de obra. Yo te doy la plata, hacemos una adenda al contrato y tú terminas la obra’. Y si no quiere, busco al otro postor o lo adjudico directamente. El pueblo no tiene la culpa de que un maldito funcionario público o un maldito empresario corruptor haya metido la mano allí y la obra esté paralizada. Lo que se necesita es que la obra se termine.
¿Y si no funciona?
Vamos a poner en marcha un modelo de control concursal. Toda la vida la Contraloría ha hecho un control posterior a las obras. Es decir, se hacía la obra y después de tres o cinco años se iba a verla. Si se encontraba irregularidades, se recomendaban sanciones que nunca se aplicaban. Eso se acabará con el control concurrente: Tú haces algo y yo lo miro. Te digo si lo estás haciendo bien o mal. Por ejemplo, si en una vía te faltan dos kilómetros de asfaltado, los ingenieros de la Contraloría van a estar allí, midiendo la capa asfáltica. No quiero que vaya un contador para mirar papeles.
¿Y qué plantea el proyecto sobre los cuestionados árbitros?
Cosas tan sencillas. Se les pedirá una declaración jurada de intereses para saber que realmente van a arbitrar con imparcialidad. Porque hay árbitros que trabajan para un estudio de abogados y el estudio es cliente de la firma. Eso se debe transparentar.
¿Y qué harán con las supervisoras?
Ese es uno de los grandes problemas de la corrupción en las obras. ¡En el Estado nadie puede robar solo! Estructuran un procedimiento que se convierte en un triángulo colusorio: el funcionario público deshonesto, el empresario corruptor y el supervisor apañador. El funcionario público no va a pagar la valorización sin la firma del supervisor.
Además, las supervisoras no le dan importancia a la Contraloría...
Lo que pasa es que la Contraloría solo existe para el sector público, pero el supervisor es privado. Te dicen ‘yo no te tengo que dar nada a ti’. En la propuesta se plantean dos cosas: cuando las oficinas de control lo soliciten, las supervisoras le enviarán un informe, no en copia o papel sino a un sistema digital, y las respuestas a los pedidos serán en los siete días hábiles. De no hacerlo, se le aplicará una penalidad que irá al Sistema de Contrataciones Público. El supervisor puede quedar inhabilitado. Entonces, el supervisor pensará 10 veces si firma la autorización. Sabrá que si firma algo mal, y después Contraloría se da cuenta, el sistema de justicia lo va a perseguir.
¿Confía en que el presidente Vizcarra aprobará su proyecto?
Está en su cancha.
Nos vemos el otro martes.
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