La bancada de Fuerza Popular emitió un comunicado en el cual señalan que el presidente de la República, Pedro Catillo, ha admitido que maneja “agendas paralelas” al manifestar en su mensaje a la Nación que las reuniones que sostuvo en un inmueble de Breña y fuera de los registros oficiales de Palacio de Gobierno fueron personales.
LEE TAMBIÉN: Verónika Mendoza da jalón de orejas al Congreso y exige que dé cuentas
“Lo señalado en el mensaje a la Nación fue una confesión sincera del jefe de Estado en la que admite que él maneja agendas paralelas: una pública y otra oculta que no quiere transparentar y que, bajo la argucia de ‘reuniones personales’, pretende diluir su flagrante violación a la Constitución y a la ley”, señalaron a través de redes sociales.
En un mensaje a la Nación este lunes 29 de noviembre, y acompañado por todo el Gabinete ministerial, Pedro Castillo aseguró que todas las reuniones que mantuvo en el inmueble de la calle Sarratea, en Breña, fueron de carácter personal.
“Toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. Las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal”, manifestó Castillo en un mensaje a la Nación este lunes 29.
Para los congresistas fujimoristas, este pronunciamiento es una muestra de que el jefe de Estado no entiende que todas sus actividades tienen un carácter “oficial”.
“El señor Castillo no termina de entender que, como jefe de Estado, todas sus actividades son oficiales indistintamente si estas se llevan a cabo en Palacio de Gobierno o en un predio del distrito de Breña”, manifiesta la bancada.
El último domingo 28, Cuarto Poder informó que el mandatario Pedro Castillo mantuvo reuniones sin algún registro oficial en el inmueble ubicado en Breña, predio desde donde despachó durante los primeros días de su Gobierno.
Entre las personas a las que se logró detectar se encuentra el gerente de Mazavig S.A.C., Marco Antonio Villaverde, quien es investigado por presunto lavado de activos, y a la gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Jaqueline Perales Olano. Además los congresistas de Perú Libre Alex Paredes y Lucinda Vásquez, además de Karelim López Arredondo, quien asesoró a una compañía que -luego de sus seis visitas registradas también en Palacio de Gobierno- obtuvo la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones en Provías Descentralizado.
Contenido GEC