El que fuera comandante general de la Policía Nacional del Perú durante el gobierno de Dina Boluarte, Víctor Zanabria, enfrenta una nueva acusación fiscal. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos solicitó ocho años de prisión efectiva en su contra por las lesiones que sufrieron Renato Murillo y Benedicto Huaccachi durante las movilizaciones ciudadanas realizadas en Lima el 12 de diciembre de 2022.
La acusación fue presentada por el Segundo Despacho de Derechos Humanos, dirigido por la fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez. En el mismo proceso también fue incluido el coronel PNP Frank Chang, para quien el Ministerio Público requirió la misma pena privativa de libertad.
Según la tesis fiscal, ambos oficiales tendrían responsabilidad bajo la modalidad de comisión por omisión en los hechos ocurridos durante los operativos policiales desplegados en medio de la crisis política que atravesaba el país tras las movilizaciones registradas en la capital.
De acuerdo con la investigación, Renato Murillo resultó gravemente herido luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza. Las lesiones fueron de tal magnitud que permaneció en estado de coma durante doce días.
En tanto, Benedicto Huaccachi sufrió una lesión a la altura de la pelvis tras ser alcanzado por un proyectil similar durante las intervenciones policiales desarrolladas en aquellas jornadas de protesta.
La acusación fiscal no solo comprende a Zanabria y Chang. El Ministerio Público también incluyó a otros cinco efectivos policiales por los mismos acontecimientos registrados durante las protestas sociales de diciembre de 2022.
Entre ellos figura el teniente PNP Luis Bazán, señalado como presunto autor directo de las lesiones graves contra Renato Murillo. Por este caso, la Fiscalía solicitó siete años de prisión efectiva en su contra.
Asimismo, el mayor PNP Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita enfrentan pedidos de seis años de cárcel. Ambos forman parte del grupo de agentes comprendidos en la investigación fiscal por los hechos ocurridos durante las movilizaciones.
Por otro lado, el suboficial de tercera Dino Tarrillo fue acusado por las lesiones leves sufridas por Benedicto Huaccachi. Para él se solicitó una condena de tres años de prisión.
La Fiscalía también requirió dos años de cárcel para el suboficial de primera Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari bajo la figura de comisión por omisión. Además, para este grupo de efectivos se pidió una inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.
Además de las penas privativas de libertad, el Ministerio Público solicitó que Víctor Zanabria y Frank Chang sean inhabilitados para ejercer cargos públicos durante tres años y ocho meses.
En el ámbito civil, la acusación contempla el pago de una reparación civil de 6 mil soles para cada uno de los dos altos oficiales, así como una indemnización de 30 mil soles a cargo del tercero civil responsable.
Actualmente, el expediente se encuentra en etapa intermedia o control de acusación. En esta fase, el Poder Judicial deberá evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía antes de decidir si corresponde llevar el caso a un eventual juicio oral.
Este no es el único proceso que involucra al exjefe de la Policía Nacional. La propia Fiscalía recordó que en octubre de 2025 solicitó 35 años de prisión efectiva contra Víctor Zanabria por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, fallecido durante las protestas registradas en Lima el 28 de enero de 2023.
Mientras tanto, el nuevo requerimiento fiscal se suma a los procesos abiertos por presuntas vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones desarrolladas en el contexto de la crisis política de diciembre de 2022.
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