El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, defendió públicamente al suboficial Luis Magallanes, autor del disparo que causó la muerte del joven rapero Eduardo Ruiz Sanz, conocido como Trvko, durante las protestas del pasado 15 de octubre en el Cercado de Lima. Según el alto mando policial, la liberación del agente “es casi inminente si existe justicia en el Perú”.
Arriola sostuvo que el disparo de Magallanes fue resultado de un “mecanismo de defensa ante un miedo insuperable”, pues habría sido brutalmente agredido por los manifestantes antes de accionar su arma de reglamento. “Lo golpearon con una botella de vidrio en la cabeza; tenía la visión obstruida por la sangre y solo escuchaba los pasos de quienes lo perseguían”, declaró.
El jefe de la PNP afirmó que, de acuerdo con las pericias, el suboficial disparó al piso, lo que demostraría que no hubo intención de matar, sino una reacción de confusión y pánico. “Concurren las figuras de miedo insuperable, movimiento de defensa severo y la potencial aplicación de legítima defensa”, señaló ante la prensa.
Arriola insistió en que el disparo “tiene naturaleza culposa”, es decir, sin voluntad criminal. “Si hay justicia, Magallanes saldrá libre en cualquier momento”, sentenció.
El comandante general denunció públicamente que el Ministerio Público no habría visualizado pruebas clave durante la investigación inicial. “Las imágenes del momento en que lo agreden ya estaban en manos del fiscal, pero nunca fueron revisadas. Eso es sospechoso”, expresó con tono de reproche.
Arriola exigió que las investigaciones se conduzcan “sin color político ni ideología”, señalando que las instituciones deben estar “conectadas con la verdad y la justicia”. Además, calificó el caso como una muestra de “exceso de celo fiscal” y anunció que ha remitido informes al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia por presuntas irregularidades en las diligencias.
Desde Villa El Salvador, donde encabezaba una operación policial, Arriola reiteró que el suboficial “debió salir en libertad ayer, antes de ayer o en el minuto siguiente”. “No hubo voluntad criminal. Es un acto culposo, no hay dolo”, agregó.
El jefe policial recordó que Magallanes fue su subordinado en la Dirincri, y aseguró que mantiene una comunicación permanente con su familia y sus abogados. “Tiene todo nuestro respaldo legal, médico y moral”, enfatizó.
Arriola calificó al suboficial Magallanes como un “héroe que ha defendido la democracia y la gobernabilidad”, resaltando que durante las protestas del 15 de octubre se registraron 89 policías heridos. “Es un héroe viviente. Lo respaldo completamente y tendrá siempre nuestro apoyo”, afirmó.
En paralelo, el Poder Judicial admitió a trámite el hábeas corpus presentado por el Instituto de Defensa Legal Policial (IDL-POL) que busca anular la detención preliminar de siete días dispuesta contra Magallanes. Según el abogado Jesús Poma, la medida judicial ignoró la Ley 32181, vigente desde 2023, que prohíbe detener preliminarmente a policías en actividad por el uso de sus armas reglamentarias durante el cumplimiento del deber.
El letrado sostuvo que Magallanes debe continuar el proceso en libertad, y advirtió que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos estaría actuando con “duplicidad de funciones”, al asumir competencias que corresponderían a la propia Policía.
Durante la conferencia de prensa del 23 de octubre, el comandante general reiteró su posición: “Concurren eximentes de pena: cumplimiento del deber, legítima defensa y miedo insuperable. Es un acto culposo, no hay voluntad criminal”, declaró, cerrando filas en defensa de su subordinado.
El discurso de Arriola contrasta con el que dio el 16 de octubre, cuando pidió perdón “a nombre de toda la familia policial” a los deudos de Eduardo Ruiz y reconoció que la bala mortal había salido del arma de Magallanes. Ahora sostiene que el disparo fue al piso y que el agente actuó “bajo shock” tras perder su arma durante un ataque de “personas criminales”.
El comandante evitó responder si un disparo al suelo, y no al aire, se ajusta al reglamento policial en situaciones de dispersión. Su nueva narrativa, reforzada por sectores políticos conservadores, busca consolidar la figura del policía como víctima y del manifestante como agresor.
Los congresistas Fernando Rospigliosi y Alejandro Aguinaga calificaron a Trvko como “terrorista urbano”, promoviendo un relato donde el victimario es héroe y la víctima, enemigo interno.
Mientras tanto, la familia de Eduardo Ruiz Sanz enfrenta su duelo en silencio. Su padre, Roger Ruiz, asegura que no ha recibido apoyo del Estado y teme por su seguridad. Un niño de diez años ha quedado huérfano, y su hermano aún recuerda el peso de cargar su cuerpo sin vida. Nadie les ha ofrecido, siquiera, atención psicológica.
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