La congresista Ariana Orué enfrenta una grave denuncia luego de que chats, comprobantes de transferencias y testimonios de tres extrabajadores revelaran un presunto sistema de cobros obligatorios a trabajadores de su entorno. Según la investigación difundida por El Comercio, los aportes no solo habrían servido para actividades vinculadas a su campaña de reelección, sino también para cubrir gastos personales y obsequios destinados a ella y a su familia.
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De acuerdo con los testimonios, las cuotas alcanzaban tanto al personal de su despacho como a trabajadores de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que la legisladora preside.
Ariana Orué lanzaba mensajes subliminales sobre los regalos que recibiría por su cumpleaños, los cuales eran comprados con las cuotas obligatorias de sus trabajadores.
En conversaciones obtenidas por la unidad de investigación del diario aparece la participación de Pierina Yaipén, actual trabajadora de la congresista, quien registraba pagos que en conjunto sumaban aproximadamente S/ 6200.
Uno de los extrabajadores explicó que los montos se dividían entre todos los integrantes del equipo. “Dividían los montos por igual”, afirmó la fuente, quien también señaló que se reunió dinero para financiar banners publicitarios y un panel instalado en la avenida Elmer Faucett, valorizado en alrededor de S/ 30 000.
La misma persona sostuvo que parte de las colectas tuvo un destino distinto al proselitista. Según su versión, los trabajadores debieron asumir gastos relacionados con un proceso judicial que afronta la parlamentaria y también el pago de las tasas para la visa estadounidense de ella y de sus padres, cuyo valor habría sido de 450 dólares por cada trámite.
CUOTAS EN CAMPAÑA
Los testimonios coinciden en que las exigencias económicas se incrementaron durante el periodo electoral. Dos extrabajadores señalaron que, en diciembre del año pasado, Orué reunió a su equipo y solicitó recaudar S/ 49 000 para supuestos pagos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Nos obligó a dar S/ 1800 por cabeza. Aportaron tanto personal de despacho como de comisión (...) Era obligatorio porque si no dábamos, ya sabíamos que nos iba a dar de baja”, señaló uno de ellos.
Otro de los aspectos revelados por la investigación es el control que se llevaba sobre los pagos. Para las actividades proselitistas, el dinero se reunía principalmente mediante aplicaciones de banca móvil como Yape y Plin. Conversaciones internas de marzo muestran coordinaciones para cubrir gastos de vehículos, banners y merchandising.
En esos mensajes se detallaban las cuotas individuales y se recordaba a los trabajadores cumplir con los depósitos. Uno de los textos enviados al grupo señalaba: “Recordar realizar el aporte”.
Las cuotas eran registradas y controladas por personal que laboraba en su despacho congresal.
DEPÓSITOS Y CELULAR DE ALTA GAMA
Los comprobantes de transferencias digitales consignaban conceptos vinculados a actividades de campaña, como “Importe Caravana”. Entre los nombres que aparecen como aportantes figuran Jhoan Paredes, Wilson Verástegui, Alan Fierro, Renzo Basurco, Alex Cherre, Olga Ramírez y César Serra, entre otros.
La dinámica descrita por los exempleados consistía en dividir los costos entre todos los integrantes y luego verificar quiénes habían cumplido con efectuar los pagos mediante los registros de Yape y Plin.
La investigación también advierte una diferencia entre los montos observados en los chats y la información reportada oficialmente. En el financiamiento presentado ante la ONPE, la congresista declaró ingresos de campaña por S/ 29 728, sin que figuren las cuotas evidenciadas en las conversaciones y transferencias revisadas por el diario.
Según chats los trabajadores de Ariana Orué asumían impresiones de polos y otros por más de S/ 6000 soles y paneles publicitarios por más de S/ 30 000. (Foto: Captura)
Además, se sostiene que en noviembre del año pasado los trabajadores financiaron la compra de un iPhone de alta gama para la legisladora. Las cuotas se habrían fijado según el salario de cada trabajador y los depósitos quedaron registrados a nombre de la secretaria del despacho, Olga Ramírez.
Consultada por El Comercio, Ariana Orué negó haber cometido “ninguna irregularidad en toda su gestión”. Sin embargo, no respondió las acusaciones formuladas en la investigación y señaló que tenía otras actividades programadas.
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