La verdadera prueba de fuego del presidente José Jerí será cuando el pedido para la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ese sistema que se ha convertido en un aliado de la minería ilegal y el crimen organizado, llegue a su despacho para aprobarlo o rechazarlo.
A este sencillo columnista no le queda duda que, en los próximos días, el pleno del Congreso aprobará lo que la semana pasada sentenció la Comisión de Energía y Minas de extender ese permiso hasta el año 2027.
Sin embargo, parece ser que Jerí no tendrá las agallas para acabar con ese mecanismo que busca eternizar la ilegalidad. El domingo, en una entrevista concedida al periodista Beto Ortiz, dijo que no estaba de acuerdo con la ampliación de dos años, pero que un año más sí le sonaba ‘razonable’.
Su dicho contradice lo afirmado por el premier Ernesto Álvarez, quien el jueves sostuvo, con contundencia, que el Gobierno observaría la decisión del Parlamento y hasta podría recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impedir dicha ampliación.
Jerí también anunció que el Ejecutivo tomaría una ‘postura colegiada’ entre el premier y los técnicos del Ministerio de Energía y Minas. ¿Postura colegiada? ¿Acaso él no es el presidente?
Es cierto que muchas familias dependen de ese rubro minero, en el que se mezclan ilegales e informales, pero ese es un problema que ya lleva años de años y nadie lo resuelve. Esta será la ¡quinta vez! que se ampliará el Reinfo. La actual postura ambigua de Jerí despierta dudas razonables: cuando él era congresista votó hasta en dos oportunidades, en 2021 y en 2024, para que esa medida fuera ampliada.
Los partidos políticos que están en el Congreso le hacen el juego a la minería ilegal. Decían públicamente que acabarían con el Reinfo, pero la semana pasada la mayoría votó a favor de la extensión. El partido más visible de ese engaño fue Fuerza Popular, cuya líder Keiko Fujimori pretende postular por cuarta vez a la presidencia.
¿Por qué retrocedieron? Hablemos claro, lo hicieron porque la minería ilegal maneja millones de soles y representa un enorme bolsón electoral. De los 130 congresistas que tenemos, 80 están en plena campaña electoral, pues pretenden ser senadores o diputados en el 2026. En lo mismo están los líderes de sus partidos que quieren ser candidatos presidenciales. Para eso necesitan plata, mucha plata, y votos.
La minería ilegal es un cártel. En los últimos diez años, según información oficial, esa actividad ha movido ¡US$ 10,400 millones!
Con parte de esa plata han logrado movilizar a miles de mineros hasta Lima para meterle presión al Congreso y al Gobierno. Ahora mismo, desde hace varias semanas, tienen tomadas varias cuadras de la avenida Abancay, donde se ubica el Congreso. Allí estarán hasta lograr su objetivo.
Una vez más la minería ilegal está por ganarnos la guerra. Veremos si el presidente Jerí es tan bravo como dice ser. Nos vemos el otro martes.
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