La Comisión de Energía y Minas del Congreso volvió a colocar el tema minero en el centro de la polémica. Este martes, el grupo parlamentario aprobó ampliar nuevamente el Reinfo, esta vez hasta diciembre del 2027, a pesar de las fuertes críticas de especialistas, gremios empresariales e incluso de advertencias previas del Tribunal Constitucional. La decisión fue contundente: 17 votos a favor, tres en contra y una abstención.
El acuerdo se tomó “con cargo a redacción”, es decir, con un dictamen aún por elaborar y que deberá incorporar los aportes de la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Precisamente, la parlamentaria aclaró que la reincorporación de los más de 50 mil registros excluidos no será automática ni total. “No tajantemente”, respondió cuando se le consultó si todos volverán al padrón.
La ampliación del Reinfo se da en un clima marcado por presiones y protestas. El último lunes, decenas de mineros informales tomaron nuevamente la avenida Abancay para exigir la prórroga, solicitud que fue atendida al día siguiente por la comisión presidida por Victor Cutipa (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial).
Cutipa expresó su deseo de que el predictamen fuese aprobado sin modificaciones, señalando que corresponde ahora al pleno tomar la decisión final. Si el texto avanza, el debate se trasladará al hemiciclo en los próximos días.
La iniciativa legislativa propone extender por quinta vez el Registro Integral de Formalización Minera, creado en 2016 con la promesa de llevar a la legalidad a los mineros informales. Sin embargo, tras casi una década en operación, solo el 2% de los 87 mil inscritos ha logrado formalizarse, mientras el 78% fue suspendido por faltas administrativas o inactividad.
El predictamen plantea que el nuevo plazo podrá ser reemplazado si antes entra en vigor la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), pero especialistas del sector advierten que no existe voluntad política real para aprobar la norma. Esto, según indican, convertiría la prórroga en un mecanismo para seguir operando sin controles.
Las advertencias no son nuevas. En abril, el Tribunal Constitucional alertó que mantener un régimen transitorio indefinido habilita actividades sin control, profundiza daños ambientales, reduce ingresos fiscales y agrava el impacto sobre poblaciones vulnerables.
Los gremios empresariales también alzaron la voz. Adex, Comex Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, Confiep, la Sociedad Nacional de Pesquería y la SNMPE publicaron un comunicado conjunto exhortando al Congreso a no prolongar el Reinfo. Aseguraron que la medida es “un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal” y advirtieron posibles sanciones internacionales, especialmente desde la Comunidad Andina.
A la par de la ampliación, la comisión respaldó la posibilidad de reincorporar a más de 50 mil operadores que fueron excluidos por inactividad superior a un año. No obstante, la congresista Patricia Juárez promovió excepciones claras: no podrán volver quienes tengan antecedentes vinculados a minería ilegal ni quienes hayan explotado recursos en zonas prohibidas.
La presión social también jugó un rol determinante. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) movilizó a centenares de trabajadores para demandar la ampliación, alegando que miles quedarían en situación irregular si el Reinfo caducaba este año.
Durante la sesión, se revisaron los proyectos de ley 11871, 12727, 12871 y 12973, todos orientados a sostener el registro. El predictamen señala que los reincorporados deberán probar actividad minera efectiva y cumplir los requisitos técnicos para seguir en el proceso.
Mientras tanto, líderes indígenas de regiones amazónicas han denunciado ante la Comunidad Andina que el Reinfo ha servido como “escudo” para operaciones ilegales que usan mercurio y afectan ríos y comunidades, motivo por el cual el organismo ya sancionó previamente al Estado peruano.
Con el dictamen aprobado en comisión, ahora será el Pleno del Congreso quien decida si amplía, una vez más, un régimen que lleva casi diez años sin cumplir su objetivo de formalización y que ha dividido al país entre quienes ven en él una salida económica y quienes lo acusan de legitimar la ilegalidad.
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