El Ministerio Público decidió el último martes incluir a la presidenta Dina Boluarte en una investigación junto al expresidente Pedro Castillo y el empresario Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. ¿Por qué se le acusa?
El tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos dispuso abrirle una investigación a la mandataria por los supuestos aportes ilegales a la campaña del partido Perú Libre en las elecciones del 2021. Esto luego de que em empresario Shimabukuro revelara que pagó pasajes, estadías en hoteles y hasta el servicio de limpieza de la entonces candidata a la vicepresidencia.
El fiscal Richard Rojas Gómez también determinó continuar con las diligencias preliminares seguidas contra Boluarte por el presunto delito de lavado de activos, referida al financiamiento de las campañas del partido Perú Libre.
De acuerdo con el testimonio de Shimabukuro, también apoyó a Boluarte con la adquisición de material logístico de campaña, como polos, banderolas, lápices, que no se habrían registrado como aportes a favor de Perú Libre.
El empresario también aseguró que realizó transferencias y entregas de dinero en efectivo, sin que estas se reporten como aportes de campaña al partido.
No reportar estos aportes de campaña se convirtió en un modus operandi de la presunta organización criminal “Perú Libre”, que financiaba sus actividades con dinero ilícito, según la Fiscalía.
Según un informe de ‘El Comercio’, la Fiscalía le imputa a Boluarte ser presunta coautora del delito de organización criminal, como “integrante” de la mencionada red.
El fiscal señala que la presidenta habría conocido a Vladimir Cerrón en el 2016, cuando fue candidata a la alcaldía del distrito de Surquillo. Años después, en el 2020, se convirtió en militante de Perú Libre, hasta febrero del 2022.
El informe fiscal señala que la jefa de Estado “en mérito a su rol desempeñado en la organización criminal, [...] habría tenido una función de recolectora y proveedora de dinero presuntamente maculado o de posible origen desconocido”.
El fiscal Rojas también atribuye a Boluarte haber realizado actos de conversión y transferencia de dinero presuntamente ilícito, que provendría de actos de corrupción de funcionarios.
La Fiscalía destaca que la actual mandataria ordenó la transferencia de 15 mil 709 soles a Vladimir Cerrón el 15 de diciembre del 2020, desde una cuenta mancomunada que compartió con el investigado Braulio Grajeda Bellido. El dinero, según las pesquisas, sería de origen ilícito.
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