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La presidenta de la República del Perú, Dina Boluarte, solicitó a la Fiscalía reprogramar la fecha para su declaración, en calidad de testigo, sobre la investigación a su exasesora Grika Asayag, quien se encuentra vinculada supuestas contrataciones irregulares.
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La mandataria debía declarar también por la investigación que la Fiscalía de la Nación sigue contra el ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén, el presidente de EsSalud, Aurelio Orellana, y la misma Asayag por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tras el pago de S/ 41 millones de EsSalud a la empresa Aiona Technology
La diligencia inicialmente había sido programada para este jueves 23 de marzo, a las 9 a.m., en las instalaciones de Palacio de Gobierno.
Sin embargo, Boluarte decidió reprogramar la actividad y, a través de las páginas oficiales de la Presidencia, se pudo conocer que la mandataria participó a esa hora en la Ceremonia de Recepción de la Presidencia de la Red Interamericana de Gobierno y Transformación Digital.
CASO ESSALUD
La indagación preliminar de este caso se inició el 1 de marzo tras una denuncia realizada por el semanario Hildebrandt en sus Trece que señaló que EsSalud pagó S/ 41 000 520 a la empresa Aiona Technology Corporation SAC en enero pasado a pesar de que la Contraloría General de la República había alertado que la operación no se podía dar debido a que hubo un direccionamiento en la firma por 1,2 millones de pruebas rápidas en el 2020 cuando se requería por la pandemia del coronavirus
. En esta trama de aparente corrupción, Grika Asayag, quien por entonces estaba cerca a Boluarte Zegarra dentro del Gobierno, tuvo un rol clave de acuerdo a lo señalado por el medio de comunicación. “La información que le llegó a la presidenta es que Asayag habría actuado como intermediaria entre Orellana y del Castillo, amigo de Carlos Valdivia (propietario de Aiona) desde hace varios años”, se lee en el informe de investigación.
CONTRATACIONES DE ASAYAG
El diario ‘El Comercio’ publicó en marzo un informó sobre contrataciones presuntamente irregulares que obtuvieron dos empresas y la hija de Grika Asayag, quien ocupó el cargo de asesora del despacho presidencial de Dina Boluarte hasta su suspensión.
Según esta denuncia, despachos al interior de los ministerios de Trabajo y de Comercio Exterior y Turismo adjudicaron contrataciones a favor de Total Force S.A.C. y de Asociación Educativa Florence Nightingale, fundadas por Grika Asayag, así como para su hija Grika Karla Burgos Asayag.
Las referidas órdenes de servicio fueron emitidas entre noviembre del 2021 y agosto del 2022 por montos que sumaban más de 112 mil soles.
Total Force S.A.C., constituida en el 2015, solo registra un contrato con una entidad pública: Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (Esvicsac), que pertenece a Essalud y esta, a su vez, integra el sector ministerial de Trabajo.
¿POR QUÉ LA SEPARARON DE SU CARGO?
Asayag, asesora y amiga de la presidenta Dina Boluarte, fue separada de su cargo de apoyo administrativo en el Despacho Presidencial, el pasado 6 de marzo, luego de que el programa periodístico ‘Cuarto poder’ evidenció que accedió al puesto estatal tras adjuntar en su currículum vitae diversas certificaciones firmadas por un mismo autor, quien desconoce avalar dichos estudios.
De acuerdo con el programa, Asayag presentó tres diplomas del instituto Virginia Henderson con la supuesta firma de Roberto Justo Tejada. Uno por el curso Bioseguridad en Tiempos de COVID-19′ con fecha 16 de octubre del 2020, otro con l mismo título realizado el 15 de febrero del 2022 y un tercero que la acredita como paramédica desde el 17 de septiembre del año pasado.
“No, definitivamente no (es mi firma). La fecha también me asombra mucho más. Por intermedio mi abogado le voy a hacer llegar documentos acreditan que ese documento es totalmente falso y cuál era mi condición en esa fecha”, comentó Tejada que reveló que el 2021 se encontraba en prisión por presunta corrupción en una universidad pública.
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Asayag trabajaba en Palacio de Gobierno como proveedora de servicios de apoyo administrativo y su contrato culmina el 11 de marzo. No obstante, luego de la denuncia en su contra, desde el Ejecutivo decidieron recortar sus labores estatales y no extender el vínculo contractual.
La asesora y amiga de Dina Boluarte fue acusada también de intentar apropiarse de un predio de 342 metros cuadrados, en la avenida Bolivia 724, en la zona comercial de Breña.
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