Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, dijo que la fuga de César Hinostroza a España es "responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia", más no del Congreso de la República.
Úrsula Letona estuvo a la cabeza de una conferencia de prensa realizada por la bancada fujimorista tras enterarse de la fuga de César Hinostroza.
"Basta ya de culpar al Parlamento. Basta de confrontarnos. Basta de evadir responsabilidades. La fuga del señor Hinostroza es responsabilidad exclusiva del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia", mencionó Úrsula Letona.
Úrsula Letona indicó a El Comercio que pedirán explicaciones a l presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y a la Mesa Directiva que dirige por la demora en el envío al Ministerio Público del expediente de la acusación constitucional de César Hinostroza.
"Nosotros en este fuero parlamentario pediremos explicaciones al presidente del Congreso y a la Mesa Directiva sobre qué acciones han tomado, correctivas, al no haberse remitido el expediente. Pero me parece que hay que citar al ministro del Interior para que explique por qué no se ejecutó esta orden de impedimento", dijo Úrsula Letona.
FUGA DE CÉSAR HINOSTROZA
El destituido juez César Hinostroza, investigado por ser considerado uno de los líderes de una red de corrupción llamada 'Los Cuellos Blancos del Puerto', se fugó a Madrid (España) este miércoles.
César Hinostroza abandonó el país pese a tener una orden de impedimento de salida desde el 13 de julio de este año, dictada por el Poder Judicial.
En España también se encuentra la esposa de César Hinostroza, Gloria Gutiérrez Chapa, quien viajó a ese país el 11 de octubre.
El Poder Judicial recordó el martes, ante rumores de una posible fuga de César Hinostroza, que sobre el destituido magistrado existía una orden de impedimento de salida que vencía en noviembre.
César Hinostroza fue destituido por el Congreso el 4 de octubre de su cargo e inhabilitado por 10 años de cargos públicos.
César Hinostroza es figura central en el escándalo de audios telefónicos de jueces y fiscales, que estalló el 8 de julio y que ha llevado a 12 personas a prisión.