La Fiscalía, con apoyo del Equipo Especial de la Policía, allanó la madrugada de ayer la vivienda del expremier Aníbal Torres en San Isidro, como parte de las investigaciones por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, al supuestamente haber participado en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El fiscal supremo provisional Uriel Terán realizó la diligencia aprobada por el juez supremo Juan Carlos Checkley. La orden judicial también incluía la incautación de aparatos electrónicos. Así, los efectivos y fiscales se llevaron celulares, laptops, computadoras, USB, tablets y discos duros externos. Igualmente se le levantó el secreto de las comunicaciones, lo cual permitirá que las autoridades accedan a sus redes sociales.
El juez le otorgó un plazo de 48 horas a la Fiscalía para realizar toda la diligencia.
Para la ex fiscal de la Nación y congresista Gladys Echaíz, la acción es la que corresponde, pero ‘lo que preocupa es que se hayan demorado en hacerlo’.
Recordó que Torres tuvo una participación activa en el gobierno de Castillo, durante los Consejos de Ministros descentralizados, en los que daba discursos ‘de división’ entre peruanos.
“Lo hemos visto avanzar en estas asambleas populares, de acercarse a la población para ir a colocar esta semilla de división, de odio, de separatismo entre los propios peruanos. Estamos cosechando los frutos de su trabajo”, añadió.
A la vez, su colega Guido Bellido aseguró que: “El Ministerio Público está tomando las acciones que corresponden y una vez que termine podrá determinar el grado de participación”, ya que Torres fue asesor, y eso “le permitía acceder a Palacio”.
El programa ‘Beto a Saber’ reveló esta semana que el hermano de Aníbal Torres, Víctor Torres, y su empresa Aldem SAC siguen contratando con el Estado. En febrero obtuvo una orden de servicio por 1 millón 140 mil soles con el Cenares.
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