La Fiscalía dio un nuevo paso en el proceso seguido contra Harvey Colchado. El Ministerio Público presentó una acusación formal y pidió que el exoficial de la Policía Nacional, hoy diputado, sea condenado a 9 años y 4 meses de prisión por los presuntos delitos de negociación incompatible y falsedad ideológica. El requerimiento ya fue recibido por el Poder Judicial, que deberá decidir si el caso avanza a juicio.
La acusación fue formulada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, despacho encabezado por la fiscal Diana Mayra Paico Guevara. El documento ingresó al Poder Judicial el pasado 24 de julio y quedó a cargo del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
El requerimiento no solo comprende a Harvey Colchado. También incluye a Clara Elizabeth Ramírez Benites y Víctor Elvis Ocmin Vargas, investigados por el presunto delito de negociación incompatible. En todos los casos, la Fiscalía señala que el Estado es la parte agraviada.
La investigación se remonta a hechos ocurridos en 2021 y constituye, por ahora, la posición del Ministerio Público dentro del proceso penal. Será el Poder Judicial el encargado de evaluar la acusación y determinar si corresponde iniciar la siguiente etapa judicial.
Uno de los principales cuestionamientos de la Fiscalía está relacionado con un Poder Especial otorgado por Harvey Colchado el 30 de abril de 2021 ante un notario público. Ese documento autorizaba a Martina Huamaní Ordóñez a administrar, alquilar y realizar actos de compraventa sobre un inmueble ubicado en la urbanización Los Viñedos de Carabayllo, en el distrito limeño de Comas.
Según el requerimiento fiscal, en ese instrumento público Colchado consignó que su ocupación era “independiente”. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que para esa fecha seguía desempeñándose como coronel de la Policía Nacional del Perú en actividad y estaba asignado a la Macro Región Policial Lambayeque.
Para sustentar esa afirmación, la Fiscalía cita la Resolución Ministerial N.° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021, mediante la cual se acredita que el entonces oficial continuaba en servicio activo. Además, señala que el Poder Especial fue inscrito posteriormente en la Sunarp, trámite que también forma parte de los elementos considerados dentro de la investigación.
De acuerdo con la tesis fiscal, esa declaración consignada en el documento notarial sería el sustento del presunto delito de falsedad ideológica previsto en el artículo 428 del Código Penal.
El requerimiento acusatorio también desarrolla el presunto delito de negociación incompatible. En ese extremo, la Fiscalía atribuye distintas responsabilidades a los investigados y plantea una condena total de 9 años y 4 meses de prisión para Harvey Colchado: cinco años y cuatro meses por negociación incompatible y cuatro años por falsedad ideológica.
La investigación forma parte del expediente judicial 01179-2026 y corresponde ahora al Poder Judicial analizar la acusación presentada por el Ministerio Público, revisar los elementos reunidos durante la etapa de investigación y resolver si el proceso pasa a juicio oral.
Hasta el momento no existe una sentencia ni una declaración de responsabilidad penal. La acusación fiscal constituye la posición del Ministerio Público y deberá ser debatida durante el proceso judicial, donde las partes presentarán sus argumentos y medios probatorios antes de que se emita una decisión definitiva.
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