CAYERON LOS TEMIBLES DE ANCÓN. Durante esta madrugada, miembros de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desplegaron un megaoperativo en Ancón, Carabayllo, Ventanilla, Comas, Barranca, San Martín de Porres y Santa Rosa, con el objetivo de desarticular una organización criminal dedicada a la extorsión, sicariato, homicidio, usurpación agravada y tráfico ilícito de drogas.
Según las autoridades, la banda ‘Los Temibles de Ancón’ tendría entre sus integrantes a un policía en retiro y a un sereno y es investigada desde 2022 por diversos delitos graves, incluyendo sicariato y extorsión.
El operativo, autorizado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra y Ventanilla, se basa en un extenso expediente.
La medida dictada incluye la detención preliminar por 15 días de 21 integrantes de la organización. Durante los allanamientos, se registraron diversos inmuebles en diferentes puntos de la capital, algunos pertenecientes a miembros de la banda.
El caso tomó relevancia por un incidente ocurrido el 30 de abril, cuando David Kenyo Espinoza Osorio, alias ‘Cholo David’, fue detenido con un fusil y una granada de guerra, elementos que no fueron consignados en el acta entregada a la Fiscalía, lo que generó sospechas de corrupción y sobornos dentro de la Policía.
Sin embargo, lo liberaron y ha continuado operando en el mismo sector. No se descarta que integrantes de la PNP en actividad también estén dentro de la organización.
Además, se conoció que un sereno y un efectivo policial en retiro estarían involucrados con esta organización, por lo cual se encuentra en investigación para más detalles de sus acciones.
Los trece integrantes de esta organización detenidos preliminarmente fueron identificados como:
La investigación en curso abarca siete casos de sicariato, entre ellos el asesinato del ingeniero Pablo Segundo Chamorro Roca, ocurrido el 19 de septiembre en una cebichería de Carabayllo, donde fue a acribillado mientras almorzaba con su familia.
Además de los homicidios, la organización extorsionaba a los residentes de asentamientos humanos y asociaciones de vivienda, amenazando con desalojarlos o, en caso de resistencia, ordenando su asesinato.
El general Conde y el fiscal Jorge Chávez Cotrina, coordinador del despacho de crimen organizado, confirmaron la participación de abogados de oficio para garantizar el desarrollo del proceso, que también involucra la investigación de posibles policías implicados en la protección de la organización criminal.
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