Los informes financieros presentados ante la ONPE terminaron convirtiéndose en el centro de una investigación fiscal que ahora pone al candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, frente a un posible juicio oral y a un pedido de cárcel.
El Ministerio Público solicitó cinco años y cuatro meses de pena privativa de libertad contra el también presidente de dicha agrupación política por los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos partidarios.
La nueva acusación fiscal sostiene que entre los años 2018 y 2020 se presentaron informes financieros que no reflejaban los verdaderos movimientos económicos del partido. Además, la fiscalía pidió la “inhabilitación definitiva” de Sánchez para continuar ejerciendo el cargo de presidente de Juntos por el Perú.
Según la tesis fiscal, el entonces representante y apoderado del partido habría informado ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE que no existieron aportes ni movimientos económicos durante distintas campañas electorales, pese a que las investigaciones detectaron depósitos y cuentas vinculadas a integrantes de su entorno familiar.
El caso será evaluado el próximo 27 de mayo por el Juzgado de Investigación Preparatoria, que analizará el requerimiento acusatorio presentado por el fiscal Humberto Ruiz, del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María.
La acusación fiscal sostiene que durante las Elecciones Regionales y Municipales del 2018 se presentaron documentos firmados por Roberto Sánchez en los que se aseguraba que el partido no había realizado gastos ni recibido aportes económicos.
Sin embargo, según el Ministerio Público, se abrió una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, hermano del hoy candidato presidencial y expresidente del Comité Nacional Electoral de Juntos por el Perú, donde se habrían recibido aportes por S/204,951.36 que nunca fueron reportados ante la ONPE.
Las investigaciones también alcanzan los reportes financieros de los años 2019 y 2020. De acuerdo con la fiscalía, se detectó otra cuenta bancaria mancomunada donde presuntamente ingresaron S/75,750 que tampoco habrían sido declarados correctamente.
“La mencionada cuenta bancaria habría recibido abonos y depósitos de dinero por la suma de S/75,750.00. Sin embargo, eso difiere respecto del monto consignado en la información financiera anual del 2019 que se presentó ante la ONPE, pues ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios se declaró aportes e ingresos en la cifra de S/ 0.00”, precisa la acusación fiscal.
El Ministerio Público también sostiene que en la declaración de ingresos y gastos de campaña para las Elecciones Congresales 2020 se reportó únicamente un “aporte privado en especie por el importe de S/25,000.00”, aunque la investigación señala que se habrían recaudado S/75,750 que debieron ser consignados oficialmente.
Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez, rechazó la acusación y aseguró que la fiscalía no ha demostrado que el dinero haya sido utilizado para gastos personales.
“En realidad es la misma conducta. Para el señor Sánchez, están pidiendo la pena de cinco años y cuatro meses. Nosotros creemos que hay algunas cosas que ver antes de que se emita un nuevo auto de enjuiciamiento”, manifestó.
El abogado también cuestionó que se atribuya responsabilidad directa a su patrocinado por los informes financieros del partido y sostuvo que dichos documentos eran elaborados por el tesorero de la agrupación.
“El Ministerio Público está confundiendo quién es el verdadero transmisor de la información económica del partido. Quien envía la información económica del partido o quien es el responsable de elaborar e informar sobre las cuentas es el tesorero. Lo que hace el señor Roberto Sánchez es agarrar el informe, hacer una carta indicando que está adjuntando la información económica elaborada por el tesorero y presentarla ante la ONPE”, afirmó.
La defensa recordó además que inicialmente el proceso incluía el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas, relacionado con un supuesto desvío de dinero del partido. Sin embargo, ese extremo fue archivado por el Poder Judicial.
Pese a ello, la fiscalía mantiene la acusación por falsa declaración y falseamiento de información financiera. El próximo 27 de mayo, un juez decidirá si Roberto Sánchez afrontará un juicio oral en el que se determinará si es culpable o inocente de los cargos que le atribuye el Ministerio Público.
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