La campaña presidencial de Roberto Sánchez avanza mientras, en paralelo, otro proceso empieza a acercarse a su tramo decisivo en los tribunales. El congresista y candidato de Juntos por el Perú quedó a un paso del juicio oral luego de que el Poder Judicial programara para el próximo 27 de mayo la audiencia donde se emitirá un nuevo auto de enjuiciamiento en su contra.
La investigación gira alrededor del manejo económico de su organización política durante las campañas electorales de 2018 y 2020. Según la tesis fiscal, Sánchez habría presentado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al declarar aportes de campaña por cero soles, pese a que, de acuerdo con las pesquisas, se movilizaron miles de soles fuera de las cuentas oficiales del partido.
El caso fue expuesto por el programa Cuarto Poder y tiene como eje central presuntos depósitos realizados en cuentas personales vinculadas al entorno del actual parlamentario.
La resolución judicial señala que S/ 204,951.36 debieron ser declarados oportunamente ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. Sin embargo, el monto reportado fue de S/ 0.00.
Para los investigadores, parte de esos fondos habría terminado en cuentas personales utilizadas para fines ajenos a la organización política. Entre ellas aparece la cuenta bancaria de William Sánchez Palomino, hermano del candidato presidencial.
Las diligencias fiscales establecieron que, durante las elecciones regionales y municipales de 2018, diversos aportes realizados por militantes no ingresaron a las cuentas institucionales de Juntos por el Perú. En lugar de eso, fueron depositados en cuentas personales de personas cercanas al partido.
Según el expediente, alrededor de 280 mil soles habrían sido transferidos a cuentas propias y de familiares del entonces dirigente político.
La Fiscalía sostiene que parte del dinero recaudado habría sido utilizado en beneficio personal de Roberto Sánchez, lo que habría generado un perjuicio para la organización política.
“Se apoderó del partido, las cuentas nunca las transparentó, se apropió del dinero que nosotros entregamos a nivel nacional”, declaró Leandro Cerna, exdirigente de Juntos por el Perú, en el reportaje televisivo.
Las investigaciones también alcanzan las elecciones congresales extraordinarias de 2020. Según el informe fiscal, cada candidato debía realizar un aporte de mil soles, dinero que nuevamente habría terminado depositado en cuentas personales y no en las oficiales del partido.
Además de los depósitos en efectivo, la Fiscalía atribuye a Sánchez haber declarado aportes no monetarios inexistentes por un valor de S/ 27,400 relacionados con el supuesto uso de un local partidario.
Sin embargo, el presunto aportante declaró posteriormente que nunca cedió dicho inmueble para actividades de campaña.
El proceso judicial avanzó inicialmente bajo la imputación de fraude en la administración de persona jurídica. No obstante, en segunda instancia se retiró ese delito y el caso continuó únicamente por la presunta falsa declaración en procedimiento administrativo ante la ONPE.
Pese a ello, el Ministerio Público considera que existen suficientes elementos para llevar el caso a juicio oral.
La audiencia virtual fue programada para el 27 de mayo a las 8 de la mañana. En esa sesión, el Poder Judicial evaluará el pase definitivo del caso a la etapa de juzgamiento, donde se debatirán las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa.
Mientras tanto, el candidato presidencial ha evitado responder públicamente sobre el origen de los depósitos detectados en cuentas personales.
El caso también vuelve a colocar atención sobre el crecimiento patrimonial reportado por Sánchez en sus declaraciones juradas. Según los documentos mencionados en el informe periodístico, su patrimonio pasó de 14 mil soles en 2021 a más de 500 mil soles en 2025.
Por otro lado, la ONPE ratificó recientemente una multa de 88 mil soles contra Juntos por el Perú debido a la presentación de recibos de aportes que carecían de las firmas correspondientes de los donantes.
El abogado de la agrupación política, Roy Mendoza, sostuvo que todavía existen observaciones pendientes dentro de la acusación fiscal. Sin embargo, la fecha de la audiencia ya quedó fijada y marcará un momento decisivo para el futuro judicial del aspirante presidencial.
Así, mientras la campaña electoral entra en una etapa crucial, Roberto Sánchez deberá enfrentar también un proceso que pone bajo cuestionamiento el manejo económico de su partido y el destino de miles de soles recaudados durante las últimas campañas electorales.
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