Las puertas comenzaron a abrirse una tras otra mientras agentes policiales y fiscales avanzaban por viviendas, oficinas y galerías comerciales. En simultáneo, las autoridades irrumpían en trece distritos de Lima, Ayacucho y La Libertad para golpear a una organización criminal acusada de convertir inmuebles abandonados en un negocio millonario.
La red fue identificada como ‘Los Elegantes de Lima’, una presunta mafia dedicada a apropiarse ilegalmente de terrenos, casas y galerías mediante la falsificación de documentos. Según la Fiscalía, la organización operó entre los años 2023 y 2025 y logró controlar propiedades valorizadas en más de 25 millones de dólares.
El operativo terminó con la detención preliminar de diez presuntos integrantes de la banda. Las investigaciones sostienen que los implicados seleccionaban inmuebles aparentemente abandonados para luego inscribirlos ilegalmente a nombre de terceros vinculados a la organización.
Para lograrlo, contaban con apoyo dentro de distintas entidades públicas. La Fiscalía detectó la participación de funcionarios infiltrados en Sedapal, Sunarp, el Archivo General de la Nación y el Poder Judicial. Cada uno cumplía una función específica dentro del esquema que permitía dar apariencia de legalidad a las operaciones fraudulentas.
Las pesquisas revelaron que un trabajador de Sedapal ayudaba a identificar suministros de agua sin movimiento, dato clave para ubicar predios desocupados. Después aparecía un abogado conocido con el alias de ‘Pedro’, quien presuntamente elaboraba documentos falsos para simular ventas, cesiones y donaciones de propiedades.
La organización también habría contado con la participación de una registradora de Sunarp identificada como ‘Carmen’, encargada de inscribir escrituras adulteradas. A ello se sumaba un especialista legal del Poder Judicial conocido como ‘José’, quien coordinaba procesos civiles e influenciaba decisiones judiciales relacionadas con los inmuebles observados.
Otro de los investigados es el director de Archivos Notariales y Judiciales del Archivo General de la Nación, identificado como ‘Raúl’. Según la tesis fiscal, este funcionario emitía testimonios y escrituras públicas falsas para respaldar las operaciones de la organización criminal.
El fiscal Juan Alberto Orihuela Legonia lideró las diligencias junto a 29 fiscales y agentes especializados en lavado de activos. Durante los allanamientos se incautaron documentos, equipos electrónicos y varios inmuebles, entre ellos la galería comercial El Vinco, ubicada en el Cercado de Lima.
Mientras avanzaban las intervenciones, decenas de comerciantes abandonaban apresuradamente los puestos que alquilaban dentro de los predios ocupados por la banda. Muchos aseguraron desconocer que las propiedades tenían origen ilícito y contaron que pagaban alquileres mensuales de entre 500 y 600 soles a sujetos conocidos únicamente por apodos como ‘El Chato’ o ‘El Gordo’.
En una de las galerías intervenidas, las autoridades contabilizaron entre 30 y 35 puestos en el primer piso y cerca de 200 stands distribuidos en los tres niveles. Algunos comerciantes afirmaron que llevaban más de diez años trabajando en esos espacios sin imaginar que detrás existía una presunta organización criminal.
Las investigaciones también vinculan a ‘Los Elegantes de Lima’ con dos asesinatos ocurridos en 2024. Uno de ellos fue el de Daniel Fernando Castillo Díaz, señalado como antiguo cabecilla de la banda. El otro corresponde al profesor Julio César Pacheco Pimentel, asesinado frente a alumnos del colegio Julio César Tello. Según la Policía, ambos crímenes estarían relacionados con disputas internas y el control de propiedades obtenidas fraudulentamente.
Tras la desarticulación de la organización, el Ministerio Público dispuso que los inmuebles recuperados sean transferidos a la Beneficencia de Lima. Mientras fiscales y agentes municipales supervisaban los predios intervenidos, comerciantes afectados retiraban su mercadería antes de la toma oficial de los locales por parte del Estado. Entretanto, las investigaciones continúan en regiones como Lambayeque y Ayacucho, donde la presunta mafia habría replicado el mismo esquema para apropiarse de más inmuebles.
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