El paradero de La Sexta, en Collique, ya no es el mismo. Donde antes había motores encendidos, cobradores llamando pasajeros y filas de combis listas para salir, hoy solo queda el vacío. La ausencia no es casual. Es el rastro más visible de una presión que se volvió insoportable.
La empresa de transporte Consorcio Uvita dejó de operar. Durante años cubrió rutas clave entre Collique y San Miguel, atravesando avenidas principales y conectando distritos como San Martín de Porres. Pero esa continuidad se rompió. La extorsión terminó por cerrar lo que parecía una actividad cotidiana.
Al inicio, todo parecía limitado a amenazas aisladas. Con el tiempo, la situación escaló. Las advertencias se volvieron cobros diarios. Los cobros, violencia. Y la violencia, muerte. Dos conductores fueron asesinados en medio de este escenario.
En la zona, los testimonios coinciden en una palabra: miedo. Conductores, cobradores y familiares describen jornadas en las que salir a trabajar implicaba asumir riesgos constantes. La incertidumbre se volvió parte de la rutina.
La presión económica fue uno de los golpes más duros. “Desapareció la empresa por culpa de la extorsión”, resumió un conductor. Según explicó, no era un solo grupo el que exigía pagos, sino varios al mismo tiempo.
El sistema funcionaba bajo amenaza permanente. “Nosotros pagamos veinte mangos el líder de cupo”, relató otro trabajador. El pago era diario y obligatorio. Si se retrasaban, la advertencia llegaba de inmediato: “¿Qué fue con lo mío?”.
Con el paso de los meses, las bandas comenzaron a disputarse el control de las rutas. Primero apareció un grupo que se hacía llamar ‘La Firma’. Luego, otro: ‘Los Mexicanos’. La tensión aumentó y la incertidumbre se instaló en cada salida.
La violencia se convirtió en mensaje. “Si no paga, ¿qué pasa? Te matan”, dijo un chofer. Esa lógica terminó por quebrar la operación. La empresa ya no pudo sostener los cobros ni garantizar seguridad.
El cierre dejó a más de 50 conductores sin trabajo. Detrás de cada uno, una familia afectada. “Prefiero buscar otro trabajo, que morir”, confesó un chofer que ahora evalúa abandonar el rubro. Tiene tres hijos y dependía del ingreso diario.
Algunos propietarios lograron reubicar sus unidades en otras empresas. Otros no tuvieron esa opción. En medio del quiebre, surgieron servicios informales. “Esta es por su cuenta, ya son piratas”, explicó un transportista.
De las 100 unidades que tuvo la empresa, hoy solo quedan alrededor de 20 operando sin respaldo formal. Incluso esas continúan bajo amenaza. La extorsión no desapareció con la empresa.
En un intento por protegerse, varios conductores cambiaron la apariencia de sus vehículos. Eliminaron colores, franjas y cualquier distintivo. “Han quitado todo”, contó uno de ellos. Pero ni eso fue suficiente.
El impacto también alcanzó a los dueños. Según los testimonios, retiraron sus pertenencias y abandonaron el país por temor. El local administrativo quedó vacío, sin actividad.
Mientras tanto, el paradero permanece bajo vigilancia policial. Pero los transportistas piden presencia constante. Sienten que no basta. La ruta sigue, pero fragmentada, informal y marcada por el miedo.
La desaparición de ‘La Uvita’ no solo deja buses fuera de circulación. Expone un problema mayor: el avance de organizaciones criminales sobre el transporte urbano. Un sistema que, en Lima Norte, empieza a resquebrajarse bajo presión.
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