El asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo sigue sumando piezas. Con el avance de las diligencias, la fiscalía ha incorporado un nuevo elemento que reorienta la investigación: un posible móvil económico vinculado a seguros de vida que la víctima había contratado.
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La muerte de la médica generó impacto en el entorno sanitario y en la comunidad de Piura. En medio de ese escenario, las autoridades han comenzado a delinear la presunta participación de varias personas y la existencia de un autor intelectual detrás del crimen.
Médico habría mandado a matar a su esposa pediatra en Piura.
El expediente fiscal no solo recoge testimonios y hallazgos policiales, sino también información sobre la vida personal de la víctima, sus relaciones cercanas y decisiones financieras. En ese análisis, los seguros aparecen como un punto clave.
Según la investigación, Pinto Lazo contaba con dos pólizas de vida: una por un millón de soles y otra por 300 mil. Ambos documentos consignan como beneficiario a su esposo, Guillermo Seminario, lo que ha sido incorporado como un elemento relevante dentro del caso.
SEGUROS BAJO LA LUPA
La fiscalía sostiene que el monto asegurado podría constituir un incentivo económico determinante. La revisión de documentos financieros y correos electrónicos permitió confirmar que ambas pólizas se encontraban vigentes al momento del crimen.
Durante las diligencias en el consultorio de la médica, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público accedieron a equipos de trabajo donde se hallaron registros adicionales relacionados con seguros, ampliando así la línea de investigación.
El crimen ocurrió el 10 de abril, cuando la pediatra ingresaba a su vivienda en la urbanización San Felipe. A partir de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, se logró identificar en poco tiempo a los presuntos responsables.
Las autoridades establecieron que Alejandro Rojas Guillén habría sido el autor de los disparos. Cristian Zocalaya es señalado como quien realizó el marcaje, mientras que Junnior Millán Seminario habría conducido la motocicleta utilizada en la operación.
TESTIMONIOS Y SOSPECHAS
De acuerdo con reportes policiales, algunos de los detenidos reconocieron su participación y señalaron a Guillermo Seminario como quien habría ordenado y financiado el ataque. El monto mencionado para ejecutar el homicidio asciende a diez mil soles.
Seminario fue detenido inicialmente, pero recuperó su libertad por falta de pruebas. Sin embargo, con los nuevos elementos presentados por la fiscalía, su situación vuelve a ser evaluada en el marco de un pedido de prisión preventiva por nueve meses.
“Para todos yo soy un asesino, ¿no? Entonces, ¿pero con qué medios? Solamente con palabras. Mi esposa querría que yo luche. Tenemos un hijo y yo tengo que aprender a ser papá y mamá, a criarlo y en algún momento a explicarle todo este horror”, declaró tras su liberación.
La familia de la víctima indicó que la relación de la pareja atravesaba conflictos meses antes del crimen. Según señalaron, ambos habían decidido separarse, aunque no realizaron trámites formales respecto a sus bienes, incluidos los seguros.
“Pude conversar con él, que ya declaré, la relación ya tenía quiebres. No iba caminando muy bien”, manifestó una pariente de la médica, versión que se suma al análisis del contexto personal.
Otro elemento bajo evaluación es una llamada que Seminario habría realizado a la madre de la pediatra para alertar sobre un malestar de su hijo, momento que, según la investigación, coincide con el desplazamiento de los atacantes hacia la vivienda.
El padre de la víctima también indicó que Seminario mantenía deudas económicas, algunas relacionadas con la construcción de un consultorio y compromisos con la familia de Pinto.
El caso continúa en etapa de investigación con varias líneas abiertas. La fiscalía sigue recopilando pruebas documentales, testimoniales y periciales para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades penales.
La audiencia fue reprogramada para el 5 de mayo en los juzgados del norte, donde se definirá la situación legal del principal sospechoso. Mientras tanto, los implicados en la ejecución del crimen permanecen bajo disposición de las autoridades judiciales.
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