Este jueves se perfila como decisivo. La Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción alista sus argumentos para sustentar ante el Poder Judicial un pedido que podría marcar el rumbo inmediato del exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. La medida: 18 meses de impedimento de salida del país, en medio de una investigación que apunta a presuntas irregularidades durante las elecciones generales del 12 de abril.
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El requerimiento no llega solo. Junto a Corvetto, otros nombres aparecen en la lista: José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos ellos deberán enfrentar la solicitud fiscal que busca restringir su salida del territorio nacional mientras avanzan las diligencias.
Según el Ministerio Público, la decisión responde a la necesidad de garantizar que los investigados permanezcan en el país. El objetivo es claro: evitar cualquier riesgo de elusión de la justicia mientras se recaban testimonios, peritajes y documentación clave.
El caso tiene como punto de partida lo ocurrido el 12 de abril. Aquel día, problemas críticos en la distribución de material electoral y la apertura de mesas afectaron el desarrollo normal de la votación a nivel nacional. La situación obligó a extender la jornada hasta el día siguiente, generando un impacto directo en miles de ciudadanos.
FALLAS, CONTRATOS Y SOSPECHAS
La investigación fiscal no solo se centra en las fallas logísticas. También pone bajo la lupa el proceso de contratación de la empresa encargada del despliegue del material electoral. Según la tesis fiscal, existiría un presunto direccionamiento en la adjudicación del servicio.
En ese punto aparece el nombre de la empresa Galaga SAC. Los investigadores sostienen que los criterios utilizados en el proceso de evaluación habrían permitido favorecerla frente a otras competidoras. Este aspecto es ahora materia de análisis en sede fiscal.
El Ministerio Público ha señalado que las diligencias buscan esclarecer si hubo colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimientos administrativos. Todo ello en el marco de la gestión de los comicios cuestionados.
Como parte de esta investigación, el jueves 23 se ejecutó un operativo de allanamiento a 12 inmuebles, incluido el de Corvetto. La intervención se realizó con apoyo de la Policía Nacional del Perú, que participa en la recopilación de información sobre el proceso de contratación.
AUDIENCIA CLAVE Y ESCENARIO ABIERTO
El pedido de impedimento de salida será sustentado a las 11 de la mañana de este jueves 30 de abril. La audiencia será determinante para establecer si existen elementos suficientes que justifiquen la medida restrictiva contra los investigados.
En paralelo, el caso ya había tenido un intento previo de avance. La fiscalía solicitó una detención preliminar contra Corvetto, pero el pedido fue rechazado por el juez Manuel Chuyo, al no encontrarse elementos que acreditaran peligro procesal. Según se determinó entonces, los allanamientos eran suficientes para continuar con la obtención de pruebas.
Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (Primer Despacho) en diligencia en oficinas de ONPE. Foto: Ministerio Público
Tras esa decisión, el Ministerio Público optó por una estrategia distinta: asegurar la presencia de los implicados mediante el impedimento de salida del país. De ser aprobado, Corvetto no podría abandonar el Perú, incluso considerando su segunda nacionalidad italiana.
En medio de este escenario, también se produjo un movimiento en su defensa. El abogado Ricardo Sánchez Carranza presentó su renuncia a la representación legal del exjefe de la ONPE, documento ingresado el 27 de abril ante el juzgado correspondiente.
Mientras tanto, el Poder Judicial admitió a trámite la apelación del Ministerio Público contra la resolución que rechazó la detención preliminar. El proceso sigue su curso, con varios frentes abiertos.
Por ahora, todas las miradas están puestas en la audiencia. El resultado definirá el siguiente paso en una investigación que busca esclarecer lo ocurrido durante una jornada electoral que terminó bajo cuestionamiento y que hoy mantiene a sus principales responsables en el centro de la escena judicial.
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