¡Atención, vecinos de Lima y Callao! El Poder Ejecutivo ha decidido prorrogar por 30 días el estado de emergencia en ocho distritos de la capital y en la Provincia Constitucional del Callao, como parte de las acciones para frenar el avance de la delincuencia y recuperar el control del orden interno.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 083-2025-PCM, publicado en el diario El Peruano, y entró en vigencia desde el último lunes 16 de junio de 2025. Es la tercera vez consecutiva que se amplía esta disposición.
Los distritos comprendidos son Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, además del Callao, zonas duramente golpeadas por la criminalidad organizada, extorsiones, sicariato y asaltos.
Durante este periodo, el control del orden interno queda a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas en puntos críticos que la propia PNP determine. Las patrullas mixtas continuarán en marcha.
Entre las principales medidas, se destaca la restricción al uso de motocicletas (categorías L1 y L3): solo podrán circular con un solo ocupante y sin cubrirse el rostro, salvo por el casco obligatorio. Esta medida apunta a reducir delitos cometidos por delincuentes que actúan en parejas a bordo de motos.
También se suspenden ciertos derechos constitucionales, como el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la seguridad personal, conforme al artículo 137 de la Constitución. Las fuerzas del orden podrán intervenir ante cualquier sospecha o hecho delictivo.
Entre los derechos restringidos se encuentran:
Quedan fuera de estas restricciones los miembros de la PNP, Fuerzas Armadas, serenazgo y bomberos, siempre que estén en funciones oficiales. La medida no limita sus desplazamientos ni acciones operativas.
El Ejecutivo ha justificado esta prórroga señalando que busca reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana en zonas con altos índices delictivos, donde bandas criminales han puesto en jaque la tranquilidad de miles de familias.
Aunque algunos ciudadanos saludan la continuidad del estado de emergencia, otros reclaman resultados concretos y sostenibles, y no solo presencia militar. Por lo pronto, las autoridades insisten en que se trata de una medida necesaria para devolver la paz a los barrios más golpeados por el crimen.
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