La capital amaneció bajo una medida drástica. El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por un periodo de 30 días calendario, en respuesta al incremento sostenido de la criminalidad y los hechos de violencia.
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 027-2026-PCM, publicado en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. La norma entró en vigencia este 28 de febrero de 2026 a las 9:30 a. m., conforme al comunicado difundido.
Según el Ejecutivo, la decisión se sustenta en informes de la Policía Nacional del Perú que advierten una “perturbación del orden interno” debido al aumento de delitos como homicidios, sicariato, extorsión y otros actos vinculados al crimen organizado.
Frente a este escenario, el Gobierno considera necesarias acciones extraordinarias para restablecer la seguridad ciudadana en ambas jurisdicciones.
Durante la vigencia del Estado de Emergencia, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas, las cuales podrán intervenir conforme al marco legal vigente.
La intervención se efecuará bajo lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, y el Decreto Legislativo Nº 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional.
Además, se autoriza la restricción o suspensión de derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales
Las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán solicitar permiso previo ante las autoridades competentes para su evaluación. Aquellas que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin autorización previa.
Asimismo, se podrán establecer restricciones al tránsito vehicular en zonas específicas, en función de la evolución de la seguridad.
Como parte de las medidas, el Ejecutivo creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que estará liderado por la Policía Nacional e integrado por representantes de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas y otras entidades estratégicas.
Este comando contará con un centro de coordinación permanente y dispondrá de recursos humanos, logísticos y tecnológicos para desplegar operativos continuos en zonas identificadas como críticas, definidas a partir de mapas del delito y análisis de inteligencia.
Entre las disposiciones específicas, se prohíbe que dos personas adultas circulen juntas en motocicletas —salvo excepciones—, se intensifican los operativos de control de identidad y se habilita la intervención de inmuebles en el marco de acciones policiales.
También se prevé el decomiso masivo de armas ilegales, municiones y explosivos en coordinación con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), así como la fiscalización de actividades ilícitas.
En el ámbito penitenciario, se establecen restricciones a las visitas en cárceles, operativos para incautar celulares y objetos prohibidos, desmontaje de antenas clandestinas y el monitoreo mediante drones, además del traslado de internos considerados de alto riesgo.
El decreto dispone que el Comando Operativo presentará informes periódicos para evaluar el impacto de la medida en la reducción de la criminalidad y la recuperación del orden interno.
En paralelo, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que “del 19 al 20 de marzo estamos incorporando 6000 efectivos producto de que están egresando del instituto”.
Según precisó, los nuevos agentes “directamente van a venir a apoyar no solo el proceso electoral van a apoyar también la lucha contra la seguridad ciudadana”, en referencia al despliegue que reforzará el patrullaje preventivo y el orden interno, así como la atención en regiones afectadas por lluvias.
La medida regirá por 30 días calendario y su aplicación será supervisada por las autoridades competentes, en el marco de la normativa vigente, mientras Lima y el Callao entran en una etapa de excepción con la promesa de frenar la ola delictiva.
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