Lima Metropolitana y el Callao volverán a estar bajo estado de emergencia por 60 días, según anunció el ministro del Interior, César Astudillo. La medida permitirá que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúen trabajando juntas contra la criminalidad, con patrullaje integrado e intervenciones apoyadas en mapas del delito e inteligencia policial.
El anuncio se realizó este jueves 27 de agosto, cuando estaba previsto el vencimiento del periodo anterior. De esta manera, el Ejecutivo busca mantener las acciones de seguridad que ya se vienen desarrollando en ambas jurisdicciones.
“Es una nueva zona declarada en estado de emergencia Lima y Callao para que nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas continúen realizando los trabajos que vienen realizando todos los días... Por eso se ha decretado el estado de emergencia por 60 días”, manifestó Astudillo.
Durante este nuevo periodo continuarán las labores conjuntas en las calles, especialmente en sectores considerados de mayor incidencia delictiva. El titular del Interior señaló que las operaciones estarán orientadas por información policial e inteligencia.
La declaratoria contempla además restricciones transitorias a determinados derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, conforme a las condiciones establecidas por ley.
El ministro del Interior adelantó que las Fuerzas Armadas tendrán una participación más activa en determinados espacios de seguridad. Entre ellos mencionó los establecimientos penitenciarios y las zonas de frontera.
“Las Fuerzas Armadas ahora mismo ustedes pueden ver que están apoyando a nuestra Policía Nacional en todo lo que es seguridad, particularmente en los transportes, pero han enfocado muchísimo trabajo, y lo van a ver mañana en la delegación de facultades, en los penales y en las fronteras”, sostuvo.
Astudillo explicó que el pedido de facultades legislativas que será enviado al Congreso contempla disposiciones relacionadas con esas tareas. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, deberá detallar las medidas referidas a los retenes militares en los exteriores de los centros penitenciarios.
La intención del Ejecutivo es reforzar la seguridad en los penales y enfrentar las comunicaciones ilícitas y las extorsiones que, de acuerdo con lo señalado por el sector, pueden organizarse desde el interior de estos establecimientos.
El apoyo militar en el transporte también continuará como parte de las acciones de seguridad en Lima y Callao. El Gobierno busca mantener el trabajo coordinado con la Policía Nacional durante los próximos dos meses.
El ministro del Interior también fue consultado sobre una eventual moción de interpelación promovida desde la Cámara de Diputados debido a la situación de la seguridad ciudadana.
Astudillo no cuestionó la posibilidad de acudir al Parlamento y consideró que forma parte de las atribuciones constitucionales de los congresistas.
“La Cámara de Diputados está en su derecho constitucional de hacerlo y va a permitir también que le expliquemos los trabajos que venimos haciendo y los indicadores que estamos obteniendo. Es el juego democrático”, afirmó.
El titular del Mininter aseguró que las unidades policiales continúan realizando intervenciones y capturas en flagrancia, independientemente de la aprobación del paquete de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.
El Consejo de Ministros, encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, aprobó este jueves el proyecto de ley para solicitar facultades al Congreso en 66 materias. El documento será remitido oficialmente este viernes 28 de agosto.
El paquete incluye temas vinculados con seguridad ciudadana, apoyo a las mypes, promoción del empleo y desarrollo productivo, además de otros asuntos de gestión pública y económica.
Mientras el Ejecutivo prepara ese pedido ante el Congreso, Lima Metropolitana y el Callao tendrán otros 60 días de estado de emergencia. La apuesta oficial es mantener el despliegue conjunto de policías y militares y reforzar su presencia en los puntos considerados prioritarios para enfrentar la criminalidad.
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