La Asociación Civil Transparencia exigió al Gobierno de Pedro Castillo que cese con la medida de inmovilización social obligatoria que dispuso desde la noche de ayer. En un comunicado se detalla que no hay una justificación adecuada para establecer tales restricciones.
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“Transparencia condena la restricción de libertades y derechos ciudadanos como resultado de la incapacidad del Gobierno para atender las demandas y protestas ciudadanas, todo ello sin la justificación debida, y sin la información adecuada y oportuna sobre el contenido de las medidas restrictivas”, se lee en el pronunciamiento.
El pronunciamiento se suma al de la Defensoría, institución que también rechazó la medida del Gobierno por ser desproporcionada.
Cabe indicar que el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, ha presentado un recurso legal con la finalidad de que el Poder Judicial revierta la decisión del Gobierno.
Para dar una salida a la crisis, el presidente Pedro Castillo se reunirá este martes a las 3 de la tarde con la Mesa Directiva del Congreso a fin de conseguir acuerdos.
El presidente Pedro Castillo anunció ayer la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao luego de haber llegado a un acuerdo con el Consejo de Ministros durante una sesión extraordinaria que tuvieron este lunes por la noche.
“El Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativo a la libertad y a la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en la provincia de Lima y Callao”, manifestó el jefe de Estado durante un mensaje a la Nación.
Asimismo, informó que se acordó declarar la inmovilidad ciudadana desde las 2 a.m. hasta las 11:59 p.m. del martes 5 de abril, con el propósito de “resguardar los derechos fundamentales de todas las personas”.
La medida responde a las manifestaciones y bloqueos de vías que se registran a nivel nacional. El decreto supremo que la oficializa fue difundido este lunes y fue firmado por Castillo; el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; el ministro de Defensa, José Luis Gavidia; el ministro del Interior, Alfonso Chávarry; y el ministro de Justicia, Félix Chero.
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