Representantes de gremios de estudiantes, colectivos y la sociedad civil ofrecieron esta tarde una conferencia de prensa para anunciar la denominada Marcha Nacional por la Educación, la misma que ha sido convocada para este viernes 13 de mayo a las 5 p.m. en varias ciudades del país.
Los organizadores expresaron su rechazo a dos leyes aprobadas en el Pleno del Congreso, por considerar que atentan contra la reforma universitaria y la educación sexual integral en los colegios. Estas son la autógrafa que recompone el consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el proyecto de ley 904-2021, que afectaría el enfoque de género y educación sexual en colegios.
En ambos casos el Ejecutivo ha adelantado que las observará; sin embargo, podrían ser aprobadas por insistencia y promulgadas por el Parlamento.
En los afiches que han difundido los organizadores de la marcha también mencionan que protestan contra la reciente elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). “No a la repartija del TC”, se lee.
La marcha ha sido convocada a nivel nacional y tendrá puntos de concentración, además de la Plaza San Martín en Lima, en regiones como Loreto, Arequipa, Huancayo, Cusco, Madre de Dios, Bagua (Amazonas) y Cajamarca.
Gianluca Fiorini de la Federación de Estudiantes de la PUCP (Fepuc) señaló en la conferencia que hay un solo bloque conservador en el Congreso, al que tildó de ‘antireforma’ por defender, en su opinión, intereses particulares.
“Y este mismo grupo acaba de capturar practicamente el Tribunal Constitucional, instancia sumamente importante para defender derechos tan importantes como la educación y la libertad”, afirmó Fiorini.
Flavia Martínez, del colectivo Sin tabues, señaló que el proyecto de ley 904-2021 “atenta contra la educación sexual integral y el enfoque de género en la currícula básica regular, quitando competencias al Minedu, donde están las personas especializadas para crear los contenidos y materiales educativos”.
Agregó que la norma deriva esta responsabilidad a padres y madres de familia, que en su opinión forman parte de grupos conservadores.
El pasado 5 de mayo el Pleno del Congreso aprobó dicha norma de la Comisión de Educación, que plantea una intervención obligatoria de los padres de familia en la realización de materiales educativos, lo que, según la congresista Flor Pablo, quitaría autonomía al Ministerio de Educación (Minedu) y pondría en riesgo la educación con enfoque de género en la actual currícula.
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