El Fondo de Vivienda Policial (FOVIPOL) construyó en los noventa complejos habitacionales en Salamanca para beneficiar a cientos de policías en el Perú. Luis Ayala fue uno de los favorecidos por el programa en 1996. FOVIPOL le entregó un inmueble y pagó 2 mil dólares de cuota inicial.
Luis Ayala conoce a Miguel Antonio Castro Grandez, padre del congresista de Fuerza Popular. "Me rogaron y me dijeron que no tenían donde vivir. Me dijeron que vivían en un cuartucho alquilado en Independencia", cuenta indignado Luis Ayala sobre el caso. Ayala acepta y le deja la casa al patriarca de los Castro Grandez previo contrato privado. La única condición fue que los nuevos ocupantes hagan los pagos mensuales del departamento.
Pasaron 14 años y los Castro Grandez no pagaron por el inmueble que pertenece a FOVIPOL. "Esto fue al rededor del año 98, todo lo que pasó en ese momento lo hizo mi padre", cuenta el congresista Miguel Castro.
DEMANDA
Fue en el 2012 que la familia del congresista presenta una demanda por prescripción adquisitiva de dominio en contra de FOVIPOL.
Por su parte, Lucas Nuñez, coronel de la Policía Nacional, indica que fue en 2011 el inmueble ya figuraba a nombre de FOVIPOL.
"Aquí nunca se pudo haber dado una prescripción porque la Corte Suprema dice que no se pueda dar prescripción a alguien que es fruto de un contrato...esto es una irregularidad total", menciona el abogado procesalista Luciano López.
"Firmé esa demanda junto con su abogado. No es mi especialidad. Si tu padre te pide que firmes una demanda. Para él era importante firmar una demanda", dice el congresista de Fuerza Popular, Miguel Castro.
"Ese día vinieron como 40 policía y todos los matones del congresista. Me agarré de la puerta y me sacaron. El comandante estaba aquí diciendo que se lleven mis cosas", manifiesta la esposa del agraviado Luis Ayala.
"FOVIPOL se queda sin el bien inmueble y tampoco va a recibir los aportes que le correspondían al beneficiario. La familia policial es la que se ve afectada", sentencia el coronel Lucas Nuñez.
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