La mañana del jueves, cuando la jefa de la Procuraduría General del Estado (PGE), María Caruajulca, se alistaba para reunirse con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, su secretaria le avisó que la habían cesado. Ella no sabía nada.
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Caruajulca nunca debió ser nombrada como tal. No reunía ni los más mínimos requisitos. Pero era servil al presidente Pedro Castillo y al premier Aníbal Torres, quien la nombró cuando fue ministro de Justicia. Jamás cumplió con su papel de denunciar al mandatario y a sus ministros investigados por corrupción. Fue despedida porque la Contraloría había detectado que su designación era irregular.
Su reemplazo, sin embargo, era peor que ella. Castillo y el ministro Félix Chero la cambiaron por Javier León Mancisidor, quien fue ¡abogado del narcotraficante Fernando Zevallos, alias ‘Lunarejo’!
Sí, el otrora dueño de Aerocontinente, señalado por Estados Unidos como uno de los diez narcotraficantes más poderosos del mundo. León renunció el domingo ante la ola de críticas.
Cuando me enteré de su designación no lo podía creer. Zevallos es un viejo conocido mío. Durante quince años lo investigué en El Comercio. En enero del 2013 publicamos en el diario que Javier León participó en una ilegal trama judicial -digitada por el narco desde el penal de Piedras Gordas- para apoderarse de dos millonarios bienes que no le pertenecían: una lujosa vivienda en Las Casuarinas y la histórica del famoso empresario pesquero Luis Banchero.
Hasta hoy recuerdo cuando Ramón Miranda, el real propietario de los bienes, me buscó por lo que le estaba sucediendo. Me contó que Zevallos había adquirido las propiedades en alquiler-venta, pero dejó de pagar cuando lo encarcelaron. León se había encargado de festinar trámites y crear una empresa fantasma que lo hacía propietario de los inmuebles a Zevallos y a su esposa.
Miranda recién se enteró cuando quiso vender sus viviendas. El escándalo estalló cuando hicimos la publicación. En ese momento, el abogado León era asesor del congresista Carlos Tubino, quien lo despidió en el acto. Miranda recuperó sus bienes, pero a León se le abrió, por ese caso, una investigación judicial por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal.
Eso no es todo. Según ‘Panorama’, por lo mismo, León fue suspendido por cuatro años por el Colegio de Abogados de Lima.
León fue nombrado procurador general en un momento clave, que pocos han advertido. Hace unas semanas, el Gobierno dispuso que las procuradurías especializadas (que gozaban de autonomía) pasaran directamente a ese despacho. La primera será la procuraduría antidrogas, que lidera la tenaz doctora Sonia Medina.
Es decir, el abogado de un narco iba a pedirle cuentas a una autoridad que reprime valientemente esa lacra. León encajaba perfectamente en el accionar cómplice de Castillo con el narcotráfico. Su siniestra alianza con los cocaleros del VRAEM es la mejor prueba. ¿Su reemplazo tendrá el mismo perfil? Nos vemos el otro martes.
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