El allanamiento a su vivienda y la incautación de sus equipos de comunicación del periodista Juan Carlos Tafur, director del portal Sudaca.pe, representan un golpe al corazón de la libertad de prensa y expresión. Sus autores son la fiscal superior provisional Marita Barreto, los policías de la cuestionada Diviac y el juez que autorizó tamaña intervención.
Aquello ocurrió el martes pasado en el marco de una nueva operación cinematográfica llamada Valkiria XI, cuyo único objetivo es la destitución de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
En rigor, no conozco personalmente ni soy amigo de dicho periodista. Por el contrario, hace varios años, cuando él tenía un programa radial, me lanzó comentarios agraviantes por un chisme que le llegó y no se dio el trabajo de corroborar. Al margen de eso, es una clara represalia de Barreto por uno de sus artículos que puso al descubierto un sospechoso y desconocido viaje de ella a Punta Cana, en la investigación seguida a la empresaria Sada Goray, presa por corrupción.
La fiscal ha dicho que no se trata de una venganza, como lo ha sostenido el hombre de prensa, sino de una “incorrecta interpretación” y que ella tiene un “total respeto por la libertad de prensa”.
Sin embargo, el documento de la intervención a la vivienda de Tafur la desmiente categóricamente. Textualmente dice lo siguiente: “Juan Carlos Tafur Rivera se habría puesto a disposición del programa criminal publicando a sabiendas un reportaje sobre desprestigio a la fiscal Marita Barreto Rivera que habría sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva”. Allí está la palabra desprestigio, ¿en dónde está la mala interpretación?
Castillo Alva es uno de los siete detenidos el martes y se le vincula con la organización de Los Cuellos Blancos del Puerto. Pero sea quien fuera la fuente que le dio esa información al periodista, eso no debe ser motivo para que Barreto lo criminalice. Los periodistas, especialmente los de investigación, nos reunimos con Dios y con el diablo, discernimos y contrastamos la información que nos proporcionan y la publicamos si es veraz.
Si la fiscal consideraba que se la había desprestigiado, debió enviarle una carta notarial o querellar a Tafur. Estaba en todo su derecho. Pero no lo hizo, por el contrario, insólitamente refiere ese hecho en su requerimiento para el allanamiento de su vivienda.
El segundo cargo que se le atribuye a Tafur causa mayor extrañeza. Se le sindica de haberse confabulado con sus fuentes para atacar a dos fiscales que investigaban al expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, otro de los cabecillas del caso de Los Cuellos Blancos. El periodista puso al descubierto que ambos magistrados pretendían favorecer a Ríos. La información era veraz. También fue publicada por el experimentado periodista judicial del diario ‘La República’, César Romero.
En represalia, una fiscal ordenó hacerles seguimiento con agentes de la Diviac a ambos hombres de prensa para descubrir quiénes eran sus fuentes. El caso se archivó cuando Romero destapó el seguimiento ilegal. Pues ahora, Barreto utiliza ese mismo caso para incriminar a Tafur.
Resulta paradójico que Barreto cuestione las fuentes de los periodistas que la critican. Entonces, debería cuestionarse ella misma, pues su Fiscalía también es fuente de muchos medios, a quienes les filtra información reservada con el objetivo de criminalizar a sus investigados, especialmente a su archienemiga la fiscal de la Nación suspendida Patricia Benavides. Claro, ello no le molesta porque le conviene y recibe halagos de quienes quieren ver a Benavides expulsada de su cargo.
Los periodistas, por cierto, no somos intocables. Pero debemos tener, como cualquier ciudadano, una investigación imparcial.
Lo que sí merece una mejor y detallada explicación del periodista Tafur son los motivos de las reuniones que sostenía con la empresaria Mirtha Gonzales, Patricia Benavides y sus asesores. Pero para eso no se necesitaba allanar su domicilio.
El expediente de Valkiria XI también contiene cargos graves contra el fiscal superior Rafael Vela, que la prensa que lo endiosa no los publicita. En uno de ellos, según colaboradores eficaces, Vela direccionó y ejecutó el nombramiento de una fiscal por pedido de Jaime Villanueva y Miguel Girao, los asesores de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Y después, ante el pedido de ellos mismos, archivó un caso por lavado de dinero, que precisamente él debe combatir.
Es decir, este fiscal, que se atribuye ser incólume en su proceder, aceptaba requerimientos de funcionarios para quedar bien con Benavides, a quien hoy él la señala de ser jefa de una organización criminal.
El Ministerio Público no tiene credibilidad. Nadie cree en las investigaciones que realiza porque todo lo han politizado. No tiene cura. Nos vemos el otro martes.
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