POR: MIGUEL RAMÍREZ / PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN
Los fiscales del caso Lava Jato merecen el respeto de la ciudadanía. Gracias a su trabajo se han procesado a políticos, funcionarios y empresarios que fueron sobornados por la empresa corrupta Odebrecht.
Su labor, sin embargo, también está siendo cuestionada por varios casos en los que hay un evidente abuso de sus prerrogativas legales, que son aceptadas por los jueces.
Uno de ellos es el de Miguel Castilla, el exministro de Economía, quien es investigado por la obra del Gasoducto. Castilla trabajaba en Estados Unidos. Cuando fue citado, se presentó y respondió todas las preguntas. Días después, la fiscal Geovana Mori solicitó el impedimento de salida del país, que fue aceptado por un juez. “Le fregaron su chamba”, dice uno de sus allegados.
Lo mismo pasó con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, el otrora socio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Su caso es insólito. A inicios de febrero, el fiscal Domingo Pérez presentó un pedido de prisión preventiva por sus vínculos comerciales con PPK.
Un juez lo rechazó y ordenó que Sepúlveda debía venir al Perú cada tres meses para realizar el control biométrico. Pero días después, Pérez citó a Sepúlveda para que respondiera por otro caso distinto. El empresario llegó a Lima. Cuando se presentó a declarar, le dijeron que la diligencia se había suspendido.
Horas antes, el fiscal Pérez solicitó que se le impidiera salir del país, lo que fue aprobado por un juez. Sepúlveda no podrá volver a Chile.
Una cosa más absurda ocurre con Susana de la Puente, la exembajadora del Perú en Londres, en donde radica. El fiscal Pérez la investiga por un supuesto aporte que le habría entregado Jorge Barata, para la campaña del 2011 de PPK, cuando aquello no era delito.
En diciembre, sus abogados presentaron un escrito manifestando que su defendida ejercería su derecho constitucional a mantener silencio. Y de ser requerida por los fiscales, podría manifestarlo en una videoconferencia en el Consulado, a través del mecanismo de Cooperación Internacional, que la ley lo permite y se ha hecho en otros casos.
Pero el fiscal Pérez discrimina contra ella y se niega. Quiere obligarla a venir al Perú a no decir nada, lo cual es poco lógico. ¿O es otra trampa? El caso será resuelto por un juez.
“Es una arbitrariedad. Ella se acogió al silencio, está en su justo derecho”, dijo un allegado.
Sobre esto la reconocida periodista y abogada Rosa María Palacios puso en su Twitter: “El problema de la fiscalía hoy es que con los precedentes de Castilla y Sepúlveda, que han perdido sus trabajos en el exterior por tener la buena fe de venir a declarar y les han tendido una trampa, nadie más va a venir. Menos por un tema de donaciones de campaña que no es lavado”.
Una investigación debe ser justa y equitativa. Nos vemos el otro martes.
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