En diciembre del año pasado, cuando asumió como fiscal de la Nación, Delia Espinoza decidió poner orden en la casa: emitió una directiva, según la cual los fiscales debían pedir autorización para declarar a la prensa. Era, sin duda, una norma con nombres y apellidos propios: Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, jefe y subalterno del Equipo Especial Lava Jato, respectivamente. Ambos son conocidos en la fiscalía como ‘Batman’ y ‘Robin’, los superhéroes del cómic estadounidense que se enfrentaban a los villanos.
La medida era radical. Tanto así que Espinoza nombró a un vocero oficial para encargarse de esa tarea, el ex fiscal superior Víctor Cubas Villanueva. Tuvo buen tino en la elección. Cubas es un exmagistrado respetado en el Ministerio Público. En los años 90, cuando estaba en actividad, tuvo un papel notable para descubrir y denunciar a los autores del asesinato de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.
Entre sus allegados, Vela y Pérez expresaban su molestia porque les habían cortado las alas. Pero hace dos semanas, de un momento a otro, Delia Espinoza retrocedió y todo cambió: ahora los dos se pasean por los medios con un solo objetivo: tumbarse a Juan Antonio Fernández Jerí, el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, una entidad que los está investigando.
Ambos le han dicho de todo a Fernández, un poco más y lo acusan de pertenecer a la banda de ‘Cuchillo’, el feroz delincuente sindicado como el autor intelectual del asesinato de trece trabajadores en Pataz.
Sus desaforadas críticas se basan en un supuesto audio en donde, según afirman, Fernández se confabula con Christian Salas, otrora abogado de Fuerza Popular, para defenestrarlos a ellos, a su amiga Marita Barreto y a la propia fiscal Delia Espinoza.
Se trata, hasta hoy, de un audio cuya transcripción circulaba desde hace tiempo por las salas de redacción hasta que el programa ‘Punto final’ lo difundió. Es una cinta (dividida en cuatro fragmentos) controvertida y dudosa. Su contenido ha sido negado rotundamente por Fernández y por Salas, cuya voz no se escucha. Quien lo entregó es una testigo protegida que no goza de credibilidad.
Dicho material adolece de lo principal: una prueba técnica oficial para tener valor probatorio. Eso lo sabe cualquier cachimbo de Derecho, pero para Vela y Pérez eso no importa. Ignoran, adrede, un principio básico del derecho: un indicio no es una prueba. Si se determina que Fernández Jerí es responsable, deberá pagar las consecuencias.
En mis cerca de cuarenta años de periodista de investigación jamás he visto que dos fiscales, que son investigados por una entidad de control, se atrevan a insultar públicamente al representante de ese organismo con total desfachatez y frescura, y su jefa, en este caso Delia Espinoza, ni se inmuta ni los llama al orden.
Esto es una prueba más de que el Ministerio Público es una entidad politizada, un barco sin timón, que pide a gritos ser reformado. Nos vemos el otro martes.
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