:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/1725abf8-f5fe-49c8-9415-bf8ae4a41f3a.png "Foto de La Seño María")
Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tallarín al pesto con milanesa. Para tomar pidió una jarrita con chicha morada. “María, ayer el Congreso aprobó una ley para la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros detenidos en flagrancia, sin necesidad de esperar una sentencia judicial firme. La medida precisa que un juez puede ordenar la deportación de un foráneo capturado ‘con las manos en la masa’, agilizando así los procesos contra la delincuencia. La persona expulsada no podrá regresar al Perú durante todo el tiempo que dure la pena máxima aplicable al delito cometido, un plazo que puede oscilar entre 5 y 25 años. Así, el Estado se defiende ante la avalancha de hampones que ingresaron legal o ilegalmente a nuestro país para extosionar, secuestrar, cometer sicariato, estafar o meterse al negocio de la prostitución. Es una respuesta, además, ante el hacinamiento de las cárceles peruanas, pues ya no cabe un delincuente más.
La salida ante ello es sacarlos de nuestro país. El Estado no debe andar con miramientos. Y no hay discriminación en este caso. Como dice el abogado César Nakazaki, no hay discriminacion porque se está cumpliendo con la ley. Un extranjero entra condicionado al país, que es no cometer delitos. Hay otras voces que ven a esta norma como inconstitucional, pues se hará sin una previa investigación o proceso. Creemos que a estas alturas la sociedad no puede estar con manos blandas, leguleyadas u otras actitudes. Estamos en guerra a muerte contra el hampa y, en ese sentido, el gobierno debe aplicar todas las posibilidades de la ley. Un aspecto relevante de esta norma es que no solo se busca la expulsión, sino que también se permitirá la incautación de bienes del delincuente para reparar el daño causado, a través del decomiso o extinción de dominio. La ley enfatiza que esta reparación civil no estará sujeta a prescripción, garantizando así que las víctimas puedan recibir una compensación adecuada. Ahora queda en manos del gobierno aplicarla, solventando los pasajes aéreos o de otro tipo para la expulsión”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.
