De acuerdo con un informe sobre la represión del régimen chavista, “los cuerpos policiales y militares de Venezuela fueron más letales que el COVID-19 durante el año 2020″. Tal declaración la hace el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una ONG que ha registrado que 2.853 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del país llanero, frente a los 1399 fallecidos oficiales por la pandemia en suelo venezolano.
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Provea señala que policías y militares cometen crímenes contra los Derechos Humanos, y gozan de impunidad. Entre estos grupo de represión y muerte figuran las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuya disolución ha pedido la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, según recoge un comunicado de Provea difundido por la agencia Efe.
Las FAES, grupo de élite de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fueron responsables de 672 asesinatos, “lo cual representa el 23,55 % del total”, destaca la ONG. Se agrega que estas unidades tienen como principal “centro de operaciones las barriadas donde habitan los pobres en las ciudades y pueblos de Venezuela y algunas áreas rurales”.
En segundo lugar, se ubica el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICP), con 593 casos, lo que supone el 17,52 %. Por otra parte, los cuerpos policiales autónomos de los estados fueron responsables de 721 presuntas ejecuciones (25,71%), señala Provea.
En cuanto a militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) sería responsable de 359 casos durante 2020, la mayoría de estos responsabilidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Finalmente, observó que las policías municipales fueron responsables de 134 presuntas ejecuciones.
Según Provea, la mayoría de las asesinados fueron jóvenes de sectores populares, entre 18 y 30 años de edad. En 2020, el noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia) fue el que registró más muertes con 667, seguido de Aragua con 297, Bolívar (269) y Lara (193).
Los datos muestran que ni el confinamiento para controlar la pandemia de COVID-19 “frenó el accionar de los cuerpos policiales y militares”. Según su investigación, los funcionarios policiales y militares “actúan con plena libertad, dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
De acuerdo con el informe, los efectivos suelen simular falsos enfrentamientos, montajes en los que señalan que las víctimas usaron armas contra policías o militares. De esa manera, justifican las muertes. Sin embargo, de acuerdo con la ONG, “en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas”.
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