Bogotá. [EFE]. Nunca antes la policía había sido el foco de la ira social en Colombia. La institución, que está en la órbita del Ministerio de Defensa y que gozó de popularidad durante el conflicto armado, cometió abusos en las protestas de 2019 que se agravaron, según expertos, durante la pandemia.
El descontento comenzó tras viralizarse el miércoles un video que muestra como Javier Ordoñez, de 43 años, es sometido por dos efectivos y, ya en el suelo, uno de los agentes le propina varias descargas con un arma eléctricas pese a sus súplicas.
Ordóñez, que según su familia fue detenido cuando salía a comprar licor, murió tras ser llevado a un puesto policial en circunstancias que son investigadas.
Ese episodio de brutalidad policial desató fuertes manifestaciones contra los uniformados que, según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, opositora al gobierno, recurrieron al “uso indiscriminado” de la fuerza y armas de fuego durante las protestas.
Durante las manifestaciones murieron 11 personas, en su mayoría jóvenes entre 17 y 27 años que fueron baleados. También hay cientos de heridos entre civiles (209) y uniformados (188), pero no se ha informado de policías atacados a tiros mientras que 66 ciudadanos fueron alcanzados por proyectiles.
Esto iba a explotar “en algún momento: la gente desconfía abiertamente de la policía y la policía tiene la noción de que su enemigo es la ciudadanía que sale a manifestarse”, sostiene la politóloga Sandra Borda, autora de estudios sobre la protesta social.
Según la experta, la policía “tiene un altísimo grado de militarización” por cuenta del largo conflicto con las guerrillas y la lucha antinarcóticos, desdibujando su papel protector.
En los últimos seis años ha crecido el rechazo hacia la institución. La imagen negativa pasó de 40% en promedio a 57% en agosto de 2020, según la encuestadora Invamer.
Y la pandemia pudo ser un detonante de la crisis de confianza que enfrenta, sostienen analistas.
La noche del 19 de mayo Magally Arboleda (31) se levantó para abrir la puerta de su casa a su sobrino Anderson Arboleda (19), quien volvía de un paseo en moto por el municipio de Puerto Tejada.
Camino a la puerta escuchó a la novia del joven gritar “¿por qué le pegan?” y al abrir encontró a un policía golpeando al joven en la cabeza con un bastón.
El uniformado “accionó el gas pimienta en la cara” de Anderson, quien una vez en casa “cayó a llorar al piso (...) y empezó a gritar que le dolían los ojos”, relató la mujer a la AFP.
Mientras Anderson era transportado a un centro médico con hematomas en la cabeza, su tía fue a la estación de policía local buscando explicaciones: “el comandante dijo que él estaba violando la cuarentena y por eso (...)le tuvieron que pegar”, aseguró Magally.
El joven murió luego en una clínica de la ciudad de Cali. La procuraduría, órgano encargado de castigar a los funcionarios públicos, asumió la investigación.
Durante el confinamiento se han registrado casos similares.
Según una denuncia recibida por el concejal de Bogotá Diego Cancino, del Partido Verde, el 13 de julio varios jóvenes que “estaban tomando cerveza” en la calle fueron abordados por policías “de manera violenta” y trataron de huir. Uno murió por un disparo.
Según la policía el agente actuó en defensa propia.
La ONG Red Comunitaria Trans registró tres agresiones de la policía contra transexuales, una de las cuales involucra a cinco trabajadoras sexuales que recibieron “disparos en los glúteos”.
Datos oficiales recabados por Cancino muestran que en 2019 la policía retuvo transitoriamente a 940 personas, mientras que entre marzo y mayo de 2020 los detenidos fueron 7.791.
No obstante, la policía sigue contando con el respaldo del gobierno nacional si bien decidió suspender a los policías que detuvieron a Ordóñez.
“A este gobierno le cuesta trabajo generar empatía con las víctimas y sale más bien a darle un espaldarazo a la institución policial”, sostiene Borda. Este apoyo “envalentona” a los policías que están enfrentando las protestas de “jóvenes de barrios marginales” desempleados por la pandemia, agrega.
Sin embargo, desde la alcaldía y la academia crece un movimiento que exige reformas al organismo policial, compuesto por 160.000 efectivos en un país de casi 50 millones de habitantes.
De entrada “no debería pertenecer” al ministerio de Defensa, que pide resultados como si la “policía combatiera enemigos”, cuando en realidad “trata con ciudadanos”, dijo Sebastián Lalinde, quien investigó este tema para la ONG Dejusticia.
“La manera como la policía actúa incide en la forma como la gente se comporta. Cuando la policía respeta derechos, eso hace que la gente cometa menos delitos”, concluye.
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