El escritor y periodista peruano Álvaro Vargas Llosa defendió este miércoles la decisión del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso de disolver el Congreso de la República y convocar a nuevas elecciones ante la crisis desatada por el juicio político que llevaba a cabo el Parlamento y lo tenía al borde de la destitución.
“La decisión del presidente Guillermo Lasso es constitucional y jurídicamente defendible, y políticamente valiente y arriesgada, ante una situación extrema”, señaló en Twitter Vargas Llosa, hijo del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
Lasso anunció la medida contemplada en la Constitución ecuatoriana de 2008 por “grave conmoción interna y política”, después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición (mayoría) por un presunto delito de peculado.
El mandatario recurrió a la “muerte cruzada” antes de que inicie el segundo día de debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para posteriormente votar la moción de censura, en la que se requieren 92 votos para destituirlo, equivalentes a dos tercios del hemiciclo.
En esa línea, Vargas Llosa señaló que esta decisión es distinta al pretendido golpe de Estado dictado por el expresidente peruano Pedro Castillo en diciembre del 2022, cuando ordenó el cierre del Congreso y la desactivación de diversas entidades autónomas, las cuales no se llevaron a cabo.
“Cualquier comparación con el intento golpista de Castillo es absurda”, señaló el escritor y analista internacional.
El intento de golpe de Estado concluyó con la detención de Castillo Terrones el mismo día en que con las manos temblorosas leyó un mensaje a la Nación anunciando que disolvía el Congreso. Aquel 7 de diciembre se esperaba la presentación de Castillo en el Parlamento para el debate final de la moción de vacancia presentada en su contra.
La fracasada aventura golpista de Pedro Castillo no contó con el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Además, los ministros de entonces le reprocharon la decisión inconsulta por ser inconstitucional y renunciaron uno por uno a sus cargos.
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