En enero del 2020 la policía arrestó a una niña afrodescendiente de 10 años tras haberla acusado de dibujar una imagen ofensiva de un estudiante que la estaba intimidando. Tras lo ocurrido, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Hawái solicitó una compensación por daños para la menor y su familia.
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El padre del menor “agredido” por el dibujo llamó a la escuela primaria Honowai en Honolulu para quejarse del boceto hecho por la niña y exigió que el personal llamara a la policía, dijo la ACLU a la CNN.
Cuando llegó la policía, la niña, que solo fue identificada como “N.B”, fue “esposada con fuerza excesiva y llevada a la estación de policía”, aseguró la organización.
La madre de la menor, Tamara Taylor, se dirigió a la escuela, pero no le permitieron ver a su hija, quien estaba resguardada por la policía. “La esposaron frente al personal y sus compañeros, la metieron en un coche patrulla y se la llevaron”, denunció.
“Me despojaron de mis derechos como madre y mi hija fue despojada de su derecho a protección y representación cuando era menor. No hubo comprensión de la diversidad, la cultura negra y la historia de la participación de la policía con la juventud negra. Mi hija y yo estamos traumatizadas por estos eventos y me desanima saber que este día vivirá con mi hija para siempre”, dijo la madre en un comunicado compartido por la ACLU en su nombre.
Días después del arresto, la menor confirmó a su madre que ella hizo el dibujo, pero varios de sus compañeros participaron coloreando y escribiendo sobre el papel, dice el grupo en la carta.
La niña dijo que “no quería que le entregaran el dibujo (a su compañero), pero uno de los otros estudiantes se lo arrebató de las manos y se lo entregó de todos modos”, señala la ACLU.
CNN aseguró que el Departamento de Policía de Honolulu estaba “revisando la carta y que trabajará con el abogado de la Corporación para abordar estas acusaciones”.
En la carta enviada al Departamento de Policía de Honolulu, el Departamento de Educación del Estado y la oficina del fiscal general del estado de Hawái, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles solicita adoptar de manera urgente cambios de política, eliminar todos los registros del arresto y pagar 500.000 dólares en compensación por “daño y sufrimiento” causado por sus agencias.
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