El paciente argentino con coronavirus (COVID-19) a quien un juez había autorizado a recibir dióxido de cloro, cuyo uso no está autorizado en el país, murió este lunes en la clínica privada de Buenos Aires en la que se encontraba hospitalizado, informó el abogado de la familia del fallecido Martín Sarubbi.
“Este hombre termina falleciendo no a causa de la covid sino a causa de una infección intrahospitalaria”, dijo al canal C5N el letrado, que relacionó la muerte del paciente con la demora en la aplicación del tratamiento autorizado por la Justicia.
El juez Javier Pico había hecho lugar al pedido de José María Lorenzo, hijastro del paciente, para que le fuera suministrado el compuesto al señalar que “la cobertura de los tratamientos indicados” no ocasionaría un grave perjuicio pero evitaría, en cambio, “el agravamiento de las condiciones de vida”.
Según el fallo judicial, el pasado 7 de enero, un día después de que su madre falleciera también con coronavirus, Lorenzo presentó una medida cautelar, que posteriormente fue apelada por la clínica, para que el Sanatorio Otamendi proveyera “con carácter urgente” el tratamiento al marido de su madre, Oscar García Rúa, paciente de COVID-19 en estado “grave” con “compromiso pulmonar severo” y con saturación de hemoglobina.
El neurocirujano Dante Converti, médico ajeno al sanatorio en el que estaba internado el hombre y especialista en medicina biológica, había expresado que el paciente “se encuentra en muy grave estado de salud”, por lo que se solicitaba la “autorización de manera muy urgente” para el tratamiento con dióxido de cloro, un aviso que el juez definió como “categórico y determinante”.
“Es de urgente realización ya que puede mejorar el diagnóstico y el tratamiento consecuente a adoptarse de manera inminente o, en su caso, salvar la vida del paciente”, señaló Pico.
A la hora de hacer lugar a la petición y rechazar el recurso del centro hospitalario, el juez recordó la adhesión de Argentina a tratados internacionales de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar del “más alto nivel posible de salud física y mental”, y el deber de los Estados partes de procurar su satisfacción.
“Así y todo, a pesar de la existencia de la manda judicial, el Sanatorio Otamendi siguió dilatando el tratamiento”, remarcó hoy el abogado, que adelantó que se presentará una denuncia contra el centro hospitalario por presunto “homicidio culposo”.
Durante la pandemia del coronavirus se ha promocionado a través de las redes sociales y la web el consumo vía oral de soluciones de dióxido de cloro -directamente u obtenido a partir de clorito de sodio, también conocido como MMS (Miracle Mineral Solution)- para el tratamiento o la prevención de la infección por coronavirus.
Pero tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como autoridades sanitarias de diversos países alertaron de sus peligros para la salud.
La OMS avisó que no hay evidencias de que sea eficaz para uso médico, no solo para tratar el coronavirus sino cualquier otra enfermedad.
Asimismo, en agosto de 2020, el Ministerio de Salud de Argentina emitió un comunicado en el que remarcó que la utilización de dióxido de cloro para el tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades “no cuenta con estudios que demuestren su eficacia y no posee autorización alguna por parte del ministerio para su comercialización y uso”.
“La ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales”, especificó la cartera de Salud.
Fuente: EFE
Contenido GEC