Luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara que los escolares retornarán a sus clases de manera presencial a nivel nacional a partir de marzo de 2022, diversas instituciones educativas ya se encuentran afinando los protocolos sanitarios y guías operativas para que estos espacios sean seguros para docentes, personal administrativo y estudiantes ante la amenaza de la COVID-19.
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Según el Ministerio de Educación, son 96 566 escuelas habilitadas para el retorno a las aulas, de las cuales el 82,5% del personal docente y administrativo ya recibió ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus. En ese contexto, para el docente universitario y especialista de Corefo, Fernando Polanco, es importante que desde ahora cada institución educativa difunda los procesos de la ‘nueva normalidad’ entre sus estudiantes.
“En el momento que los escolares retornen a las aulas, ya deben ser conscientes de que van a regresar a un lugar totalmente distinto, los colegios necesitan trabajar esta comunicación desde ahora, pues las condiciones no serán las de antes. Una vez que el escolar sea consciente de esto, tomará de forma natural los cuidados desde el primer día”, comentó Polanco.
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El especialista señala que en la actualidad las orientaciones normativas para el retorno seguro 2021-2022 se rigen en cuatro principios que están contemplados en la Resolución Ministerial N°121-2021 MINEDU, estas son: la seguridad sanitaria y protocolos de prevención; la flexibilidad en cuanto a las consideraciones pedagógicas, socioemocionales y prestación de servicios; la gradualidad para un tránsito progresivo según las condiciones del contexto; y la elección voluntaria, donde las familias deciden el tipo de servicio que recibirán sus hijos. En tanto, para el 2022, se mantendrían dos principios como la seguridad y flexibilidad, pero el retorno a las aulas será descentralizado y de manera impostergable.
Respecto a los protocolos para la organización del retorno seguro, Polanco explica que primero se deben analizar las condiciones territoriales (área rural, distrito, movilidad, epidemiológicas, etc), de bioseguridad (aforo, mascarilla, desinfección, monitoreo, etc), sociales (que los padres de familia y las organizaciones den su conformidad a las nuevas normativas) y consideraciones sobre los miembros de la comunidad educativa que pertenecen al grupo de riesgo frente al COVID-19.
Finalmente, si algunos colegios no aplican a los principios antes mencionados, este proceso de cambio debe ser flexible y dependerá mucho de la institución educativa en consenso con los padres de familia para que puedan tomar una decisión. “El Minedu aún no ha quitado ese principio de flexibilidad, por lo tanto, los colegios tienen el espacio para ir concertando. Lo que se quiere evidentemente es que el 100% de estudiantes peruanos regresen a la presencialidad; sin embargo, habrá excepciones”, agregó.
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