Vladimir Cerrón fue sentenciado el último martes a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión en agravio del Estado, por el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’, pero, por el momento, no será encarcelado. ¿A qué se debe esto?
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El Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios de Junín dictó, en primera instancia, cuatro años de prisión efectiva contra el exgobernador regional de Junín y otros cinco funcionarios. La sentencia fue emitida por el juez Guido Arroyo, quien precisó que la misma resolución deberá ratificarse en una sala superior para que el líder de Perú Libre sea trasladado a prisión.
Es decir, Cerrón solo irá a prisión por este caso si la sala que resolverá su apelación confirma la decisión del juez de primera instancia.
También se impuso contra el exgobernador y los demás investigados el pago de una reparación civil de S/. 2 millones 18 mil que deberán pagar de manera solidaria. Junto a Cerrón también fueron sentenciados por el delito de colusión y por el mismo plazo, en calidad de autores, Aldrin Zarate Bernuy, Mercedes Ireno Carrión Romero y Luis Donato Araujo Reyes. Mientras que como cómplices fueron condenados Serafín Samuel Blanco Campos, Luis García Morón y Natali Yanina de la Vega Estrada.
El Código Procesal Penal le permite al juez decidir si una pena efectiva se ejecuta de inmediato o si se suspende hasta que se confirme en segunda instancia. Esto depende de la evaluación que haga el magistrado de la naturaleza y la gravedad del delito, así como del peligro de fuga, según explicó al diario ‘El Comercio’ Sophia Icaza, abogada del Estudio Linares.
“La regla general es que la pena se ejecuta provisionalmente, así haya apelación. Pero el código también le da la atribución al juez penal, al dictar la sentencia, de decidir que no se cumpla de forma efectiva inmediatamente. Se evalúa la naturaleza, la gravedad del delito, el peligro procesal -específicamente el peligro de fuga-, para decidir si es inmediata la ejecución o si lo mantiene en libertad hasta que resuelve la apelación, imponiendo algunas restricciones”, informó la letrada.
En el caso de Cerrón y los otros condenados por este caso , el juez les ordenó no ausentarse de su lugar de residencia, les impidió de salida del país y dispuso que pasen un control biométrico los lunes de cada semana. De no cumplirse otras reglas, se dispondría que la pena sea ejecutada de inmediato, lo que llevaría a que sean internados en un penal.
Según el Ministerio Público, en el juicio, que inició en enero de 2022, se logró probar que Vladimir Cerrón y los otros condenados concertaron para la admisión, evaluación, adjudicación y firma del contrato para el Gran Aeródromo Regional Wanka en los distritos de Sicaya–Huancayo y Orcotuna–Concepción, del departamento de Junín.
Actualmente, Cerrón cumple otra condena por corrupción, luego de que, en agosto del 2019, fue sentenciado a 4 años y 9 meses por el delito de negociación incompatible y llegó a ser internado en un penal. Sin embargo, la sala de apelaciones redujo su condena a 3 años y 9 meses y convirtió su prisión efectiva en prisión suspendida, pena que viene cumpliendo desde entonces. Por ello, también está inhabilitado y no pudo postular a la vicepresidencia con Perú Libre en la plancha que lideró el expresidente Pedro Castillo.
También tiene una acusación en torno al Hospital El Carmen, en la que se piden 16 años de prisión en su contra por colusión; y otra en relación con el Circuito vial Chupaca - Sicaya, en la que se solicitan 4 años y 8 meses de prisión. Estos están todavía pendientes de ser resueltos por el Poder Judicial.
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Adicionalmente, enfrenta otras investigaciones fiscales, como las del caso Dinámicos del Centro y el presunto financiamiento ilícito de Perú Libre. En ambos, se le considera líder da una presunta organización criminal vinculada a delitos de corrupción y lavado de activos.
También enfrenta otras pesquisas por delitos como presunta filiación terrorista junto con los legisladores Guido Bellido y Guillermo Bermejo.
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