El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) abrió ayer un proceso administrativo disciplinario contra el vacado expresidente por haber brindado, sin autorización, una entrevista al diario español ‘El Salto’ al interior del penal de Barbadillo. Pero ¿Qué sanción podría recibir el exmandatario?

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“Hoy 7 de febrero del 2023 ante la presunta entrevista realizada por el diario El Salto, el INPE ha iniciado un segundo procedimiento administrativo disciplinario considerando el marco normativo y las disposiciones que regulan la disciplina al interior de los establecimientos penitenciarios. Es importante precisar que el INPE cuenta con un procedimiento de autorización de entrevistas de internos/as para medios de comunicación, el cual no ha sido solicitado por dicho medio de comunicación”, dice el comunicado que el INPE emitió ayer, tras conocerse la publicación del medio español .

Según el Código de Ejecución Penal, artículo 28, inciso 3, Castillo habría incurrido en una falta penitenciaria grave al interferir o desobedecer las disposiciones de seguridad de Barbadillo.

Leonardo Caparrós, exjefe del INPE, explicó al diario ‘El Comercio’ que el proceso administrativo sancionador abierto contra Castillo será evaluado por el Consejo Técnico Penitenciario, que es la máxima autoridad para estos temas en el penal.

Según Caparrós, el expresidente podría ser sancionado con mayores restricciones de derechos, como una amonestación verbal, 30 días sin visitas, limitación de las comunicaciones con el exterior hasta un máximo de treinta días.

IMPLICACIONES PENALES

El exviceministro de Justicia Gilmar Andía señaló que la entrevista podría derivar en sanciones administrativas contra el personal del INPE que permitió la realización de esta sin que haya habido una solicitud formal. “Esa situación llama la atención sobre lo que ocurre en Barbadillo, cómo puede ser que no se hayan dado cuenta que no estaba recibiendo una visita sino dando una entrevista. Castillo no es cualquier interno y Barbadillo no es cualquier penal. El ministro de Justicia (José Tello) debe pedir cuenta al INPE de lo que ha pasado”, expresó el exfuncionario.

Finalmente, aseveró que “algunas de las personas, empresas o instituciones a las que Castillo mencionó podrían denunciarlo por el delito de difamación”, si es que consideran sus palabras como “difamatorias o engañosas”.

A su vez, el abogado penalista Andy Carrión dijo que el hecho de que Castillo se haya atribuido el cargo de presidente de la República “calzaría en el presunto delito de falsedad (que tiene condena de 2 a 4 años) porque sus declaraciones podrían tener efecto jurídico en las relaciones internacionales”.

“La fiscalía podría abrir investigación sobre estos hechos, tiene la información de esta entrevista y su conducta reiterada, eso se puede conducir a los anteriores tuits”, afirmó.

En la entrevista con el diario ‘El Salto’ de España, Castillo dice: “Me presentan como un monstruo. Soy el presidente del Perú”.

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Cabe recordad que el INPE ya había dispuesto el inicio de otro proceso administrativo contra el exjefe de Estado por la publicación de una carta en su cuenta de Twitter el pasado 25 de enero, dirigida a los integrantes de la Cumbre de la Celac y en la que continuaba atribuyéndose el cargo de presidente de la República.

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