Más del 40% de padres de familia enviaría a sus hijos a clases presenciales en el 2022 solo si están vacunados contra la COVID-19 mientras el 16% lo haría sin importar si los menores están o no inmunizados contra el coronavirus. En vista de ello, Agnieszka Céspedes, presidenta de la Asociación Nacional de Padres de Familia (Anapef), exigió al gobierno se asegure la vacunación a los menores de 5 a 11 años y la implementación de los protocolos en el transporte público para un retorno seguro a las aulas.
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Céspedes saludó el compromiso del presidente Pedro Castillo con la educación tras anunciar el retorno de los escolares a clases presenciales en los colegios a nivel nacional a partir de marzo del 2022, pero recordó que el país presenta la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 por lo que considera de vital importancia que se tomen acciones para asegurar el retorno a clases.
La Anapef pide que el Ministerio de Salud lleve a cabo pruebas de detección de COVID-19 antes del inicio de clases el 2022 y de manera regular a la comunidad educativa de forma gratuita ya que muchas familias no podrán asumir los costos de las pruebas. Precisó que es necesaria la instalación de módulos para la toma de pruebas de detección de coronavirus en los colegios.
Así también promover la vacunación con ambas dosis contra la COVID-19 de toda la comunidad educativa, incluyendo a los menores de 5 a 11 años, de manera voluntaria, teniendo en cuenta que más del 40% de padres de familia enviaría a sus hijos si están vacunados.
Además, que se debe tener listo y probados los protocolos de transporte público y movilidades escolares, ya que se movilizarían alrededor de 12 millones de estudiantes (básica y superior).
Otro de los pedidos es que el Minsa realice una adecuada fiscalización en los colegios “aptos por los que es importante contar con unidades fiscalizadoras a nivel nacional”, no sólo de la implementación y puesta en marcha de estrictos protocolos de bioseguridad, sino también del monitoreo epidemiológico pertinente.
La presidenta de la Anapef señaló que “debido a la urgencia y la importancia de poder fiscalizar a los colegios en cuanto al cumplimiento de protocolos, así como la de testear a la comunidad educativa, en especial a los niños, va a ser necesario crear un fondo que cubra el costo de la fiscalización y pruebas de antígeno para los estudiantes sobre todo para educación básica de escuelas públicas y privadas”.
Recordó que si bien el retorno a clases presenciales y semipresenciales son voluntarias pero sobre todo seguras, “el artículo 13 de la Constitución Política del Perú, Educación y Libertad de Enseñanza, los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo”.
Ante ello, Céspedes sostuvo que es importante que se garantice el derecho de los padres de mantener a sus hijos en la modalidad de enseñanza que deseen sea esta presencial, semi presencial, virtual o homeschooling, teniendo en cuenta que aproximadamente el 38% de padres de familia permanecerían en la virtualidad el 2022.
“Todo lo antes mencionado responde a nuestra preocupación por el respeto y la consideración al derecho más grande de todo ser humano: el derecho a la vida, comentó Céspedes.
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