La noche del último martes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520, norma que modifica el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que fue presentada por el 25 % del número legal de congresistas contra el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Esto ha causado gran preocupación, pues expertos temen que si las universidades se controlan a sí mismas, regresen las llamadas “universidades chicha”.
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“La demanda fue presentada por el 25 por ciento del número legal de congresistas contra la Ley 31520, Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas; y el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451. En razón a que contraviene la autonomía universitaria. En dicho proceso, el Tribunal Constitucional ha declarado infundada la demanda”, se lee en el comunicado emitido en su página oficial.
La citada ley, que recompone el consejo directivo de Sunedu para incluir a representantes de universidades en la tarea de fiscalizarse y autorizarse a sí mismos, había sido aprobada en el Congreso en julio pasado y promulgada pese a que un fallo del Poder Judicial disponía su inaplicación al considerarla una amenaza al derecho a la educación universitaria de calidad.
Es decir, quienes se encargarán del proceso de licenciamiento de las universidades serán los propios representantes de las universidades.
Lo que pasó después es que 33 congresistas, de bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otros, recurrieron en setiembre al TC. Según había advertido Sunedu, con ello pretendían ‘sacarle la vuelta’ a decisión del Poder Judicial que anulaba el proceso de aprobación de la norma.
Muchas son las voces que alertan del daño que esto ocasionaría en la calidad de la educación superior en el país, pues en adelante serán los representantes de las universidades las que determinarán qué institución es licenciada o no.
“Se le ha dado una estocada gravísima a la reforma universitaria. Imagínese que en OSIPTEL, en el consejo directivo, estén sentados los dueños de Claro, Telefónica, es igual”, ejemplificó el ex ministro de Defensa Daniel Mora. “Cuál autonomía, van a regresar las mafias”, puntualizó.
“Los magistrados del TC, en coordinación con los congresistas contrarios a la Sunedu, han encontrado de manera tramposa una forma de declarar la constitucionalidad de una norma”, señala Jorge Mori, especialista en políticas educativas, , exjefe de la Dirección General de Educación Superior, y director de Cappes (Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior).
Para el exministro de Educación Daniel Alfaro el principal problema de aplicar esta contrarreforma es el conflicto de interés que se generaría en el Consejo Directivo de la Sunedu.
“Ese camino parece ser una estrategia tácita, pero no es explícita. De ser así, se tendría que aplicar la ley y lo primero que, seguro, van a intentar es cambiar el Consejo Directivo de la Sunedu por los representantes que dice la nueva ley de contrarreforma”, dijo en conversación con RPP.
La Sunedu informó a El Comercio que agotarán todos los recursos legales para defender la reforma universitaria. De todas formas, esperan analizar la sentencia para decidir qué acciones tomarán.
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Los cuestionamientos a la Ley 31520 son que la práctica convierte a Sunedu en un modelo similar al de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) donde las universidades eran “juez y parte”.
Para entender el problema, Mori sostiene también que tener a las universidades dentro del consejo directivo sería simular a que una empresa de telefonía integre el directorio de Osiptel o una petrolera de Osinergmin: “Es a todas luces un conflicto de intereses. Ahora existe un concurso público que se podría mejorar, es cierto, pero la solución no es eliminarlo”, explicó.
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