Desde hoy, entró en vigencia la nueva norma que obliga a todos los repartidores en moto a usar chalecos reflectantes con la placa visible, cascos certificados y cajuelas fijas en lugar de mochilas tradicionales. La medida, aprobada por el Gobierno para reforzar la seguridad ciudadana, ha causado un fuerte malestar entre las principales plataformas de delivery.
Las empresas Rappi, PedidosYa, Yango e inDrive emitieron un comunicado conjunto en el que aseguran que no fueron consultadas antes de que se publicara el Decreto Supremo N° 006-2025-MTC. Si bien reconocen la urgencia de enfrentar la inseguridad, critican que la normativa no toma en cuenta cómo funciona realmente el reparto y afecta directamente a los trabajadores.
Uno de los puntos más polémicos es la obligación de reemplazar las mochilas por cajuelas rígidas instaladas en las motos. Según las plataformas, esto complica los tiempos de entrega, la movilidad y hasta el equilibrio de los repartidores, en especial para aquellos que trabajan de manera independiente.
Además, muchos de ellos no tienen claro cómo cumplir con los nuevos requisitos técnicos y operativos, lo que ha generado confusión y temor a ser sancionados. “Esta norma se ha dado sin considerar a los miles de trabajadores que brindan servicios a millones de peruanos”, afirman las empresas.
Ante el desconcierto, las plataformas de delivery han solicitado públicamente una mesa de diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio del Interior para revisar la norma.
Proponen aportar información técnica y de campo sobre el modelo de negocio y las medidas de seguridad ya aplicadas en sus apps. Además, aseguran que están dispuestas a contribuir con experiencia internacional para crear soluciones efectivas que no perjudiquen a quienes dependen de esta actividad para subsistir.
“Una política pública efectiva debe considerar la voz de todos los sectores, especialmente de quienes están en la calle brindando estos servicios”, señalaron.
Mientras se espera una respuesta de las autoridades, los repartidores siguen en las calles con incertidumbre. La norma ya está vigente y su cumplimiento será fiscalizado por la Policía y los inspectores de tránsito. De no haber cambios, miles de deliverys podrían ser multados o incluso retirados de circulación por no cumplir con lo estipulado.
Las plataformas insisten en que la seguridad es una prioridad, pero advierten que imponer reglas sin diálogo puede afectar a un sector clave para la economía urbana.
Contenido GEC