¡Para no creerlo! Una familia se quedó en la calle después de ser víctima de una turba de desconocidos que se metieron a su casa por la fuerza el pasado domingo 28 de enero. Todo ocurrió en la concurrida avenida Sucre, en Pueblo Libre.
Según consignó Día D, 8 personas vienen durmiendo en la vía pública después de un desalojo informal que no contó con una orden fiscal. Responsabilizan a la ciudadana colombiana Emely Cachán Castillo, quien habría contratado a presuntos delincuentes y matones para apoderarse del inmueble.
En las imágenes de las cámaras de seguridad del distrito de Pueblo Libre se observa el preciso momento en el que 11 personas cruzan corriendo la avenida Sucre y se dirigen directamente hasta la casa, entrando por la fuerza y desalojando a todos sus ocupantes.
Según los afectados, los desconocidos los echaron a la calle y se quedaron con todas sus pertenencias. Inclusive denunciaron que han realizando retiros de sus cuentas bancarias por 27 mil soles y 2 mil dólares, consignó ATV Noticias.
La casa en disputa perteneció a Sara Mejía Reyes, una mujer soltera y sin hijos que habitaba el primer piso de la vivienda y alquiló, hace casi 40 años, la segunda planta a Guillermo Guillén Toscano, el patriacra de los Guillén, la familia afectada.
Tiempo después se presentó un sujeto identificado como Guillermo Alfredo de Rivero Estremadoro, presunto sobrino de Sara Mejía, quien según una escritura pública, compró el inmueble el 8 de julio de 1987. Los Guillén aseguran que se trató de una venta ficticia e iniciaron un juicio de retracto.
En 1988, un juez falló a favor de los Guillén argumentando que los inquilinos tienen la prioridad del derecho a compra del inmueble. Es en ese momento que el señor Guillén le compra la propiedad por un millón 200 mil intis a Sara Mejía dejando sin efecto ningún reclamo de Guillermo Alfredo de Rivero Estremadoro.
Sin embargo, tras el fallecimiento de Sara Mejía y Guillermo Guillén Toscano, los Guillén dejaron desatendido el juicio de retracto. Jamás esperaron que ese descuido les fuera a costar su casa.
Al momento, la entrada de la casa se encuentra encadenada y al interior hay dos miembros de una empresa de seguridad que habría contratado la ciudadana colombiana Emely Cachán Castillo, con quien de Rivero Estremadoro habría realizado un contrato de alquiler. La mujer asegura que vive allí hace un año, versión negada por los vecinos.
Los afectados piden justicia y responsabilizan a la fiscal que viene llevando el caso, identificada como July Vega.