Protestas y desorden se reporta en los exteriores a la Sala Penal Nacional de Justicia mientras se está a la espera de que el juez Johnny Gómez Balboa, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dé a conocer su decisión sobre el pedido de prisión preventiva formulado contra la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes Navarro.
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Los enfrentamientos se dieron en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Garcilaso. Producto de las protestas el tráfico se encuentra sumamente congestionado. Imágenes de Canal N dan cuenta de que hubo enfrentamientos y hubo al menos un detenido por la policía.
Personal de la policía nacional está presente en la zona controlando que no se produzca violencia entre quienes piden que se acepte el pedido del Ministerio Público y quienes rechazan la medida.
Desde las 4 de la tarde, el magistrado viene dando lectura a su resolución, en la que también se conocerá si se dicta prisión preventiva contra el alcalde de Anguía, José Nenil Medina. En ambos casos, el equipo especial contra la corrupción del poder, se piden 36 meses de prisión preventiva, por el supuesto delito de organización criminal.
La fiscalía reveló que durante el allanamiento a la casa de Yenifer Paredes en Anguía, Cajamarca, se encontraron 14 sellos de presidentes y tenientes gobernadores de diversas comunidades y de un juez de paz de Anguía, además de documentos sobre trámites para la elaboración de expedientes técnicos y obras.
De acuerdo a la tesis fiscal, la primera dama, Lilia Paredes, habría sido coordinadora de una organización criminal que encabezaría el presidente Pedro Castillo para otorgar obras de manera fraudulenta.
El Ministerio Público considera que la cuñada del mandatario habría aprovechado su influencia en el Poder Ejecutivo para que, a través de la empresa de su amigo Hugo Espino, pudieran obtener fuertes sumas de dinero a través de cuestionadas licitaciones.
Por esto, estiman que Paredes podría recibir una pena mínima de 23 años de pena privativa de la libertad si es encontrada culpable de los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y colusión agravada.
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