Por: Miguel Ramírez
(Periodista de investigación)
“Considero pertinente que la Fiscalía abra una investigación contra la congresista Rosa Bartra por encubrimiento y ‘blindaje’ a Alan García y todos los funcionarios usando una comisión de fondos públicos (pagados por nuestros impuestos). Ya sin inmunidad, debe responder a la justicia”.
Así escribió la semana pasada el tuitero ‘Renato’, quien recibió cientos de ‘me gusta’. No le falta razón. La comisión Lava Jato, que presidió la congresista fujimorista, gastó ¡3 millones 449 mil soles! en una investigación que no descubrió nada y no encontró responsabilidad alguna del expresidente Alan García ni de Keiko Fujimori.
García, como se sabe, se suicidó para no responder ante la justicia y Keiko está presa desde hace varios meses.
En el caso de García, Jorge Barata, el exmandamás de la empresa Odebrecht, dio abundantes detalles y pruebas sobre los sobornos que le giraron a través de su secretario personal Luis Nava Guibert y Miguel Atala.
Cuando a Rosa Bartra le preguntan por qué en su informe no incluyó a García, culpa a la Fiscalía. Según su argumento, le negaron la información que recibían de las autoridades de Brasil. Y muestra a las cámaras los oficios que envió a la Fiscalía.
Su argumento es absurdo. La Fiscalía no tenía por qué darle nada, sus pesquisas son penales, y lo que hace el Congreso son investigaciones políticas. Los indicios políticos que había contra Alan García eran abundantes.
Para empezar, el decreto que se aprobó para que la construcción del tramo II del Tren Eléctrico pasara de la Municipalidad de Lima al gobierno. Fue una norma que cocinaron Alan García y Jorge Barata una mañana que viajaron al Cusco. A su regreso, por la tarde, García convocó a un consejo de ministros ‘extraordinario’ y todo se consumó en la noche.
¿Ese no era un indicio importante, señora Bartra?
A eso hay que agregar que no hubo una licitación pública, la obra costó más de lo que costaba, se emitieron centenares de adendas y el Estado perdió casi todos los millonarios arbitrajes que presentó la compañía brasileña. Sin contar las más de 15 visitas que hizo Jorge Barata, en algunas acompañado por el propio Marcelo Odebrecht, a Alan García en el Palacio de Gobierno.
¿Quería más indicios, señora Bartra? Era público que Transportes Don Reyna -la empresa que fundó Luis Nava Guibert, el secretario personal del exmandatario- había logrado millonarios contratos con Odebrecht. Y lo mismo ocurría con un estudio de abogados, también fundado por Nava Guibert. Para más señas, ambas empresas eran dirigidas por sus hijos, José Antonio y Jean Pierre Nava Mendiola, respectivamente.
Para conseguir esos indicios, a la congresista Bartra solo le bastaba que viera y citara los reportajes del experimentado periodista Daniel Yovera, de ‘Cuarto Poder’, y del portal de investigación IDL-Reporteros.
Bartra tendrá mucho que responder el 2021 cuando deje el Congreso. Nos vemos el otro martes.
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