El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, aseguró que la multa que se le aplicó a PeruRail por el monopolio de trenes en Machu Picchu fue impuesta por el “gobierno corrupto” de Alan García (2006-2010).
Durante una entrevista con Juan Cruz Castiñeiras en su canal de YouTube el pasado 24 de febrero, aseguró que la sanción le fue aplicada por protestar tras el ingreso de empresas con pequeños capitales al circuito turístico.
“Me encantan las preguntas así porque me dan la oportunidad de limpiar todo. Esa multa fue puesta por un gobierno corrupto de Alan García, que hizo ingresar al circuito turístico de Machu Picchu a empresas que no tenían el mínimo capital ni nada”, aseveró.
“Han entrado una serie de empresas Micky Mouse, chiquitas, con capitales de 50 mil soles, que hicieron un desastre. Yo me quejé de eso y la respuesta fue una multa que me puso el gobierno corrupto de Alan García. Yo apelé y les gané en el Poder Judicial”, añadió.
En ese sentido, López Aliaga aclaró que tampoco pagó la multa que le aplicó el Indecopi a PeruRail porque ganó una demanda que entabló en el Poder Judicial.
“Si vas a decir las cosas, di toda la verdad. Esa multa no la he pagado nunca porque era de un gobierno corrupto, que hizo ingresar competencia (Inca Rail), pero entraron tres más. Quedó Inca Rail, la única competencia, que tiene el 40% del mercado, con lo cual no hay monopolio”, subrayó.
Cabe indicar que en el 2010 la empresa PeruRail, que durante años tuvo el monopolio del servicio de trenes a la ciudadela inca de Machu Picchu, fue multada con S/ 2.4 millones (U$S850 mil) por entorpecer la competencia.
El organismo regulador consideró que dicha compañía actuó “abusivamente” contra otras compañías interesadas en participar en el transporte ferroviario de pasajeros en el Cusco.
El fallo de Indecopi, que tardó 15 meses en llegar, considera “demostrado” que PeruRail cometió una “infracción grave” al dilatar, encarecer y evitar la competencia, al poner trabas de todo tipo a la entrada de otros operadores.
Junto a PeruRail, también fue sancionada la empresa Ferrocarril Transandino, que tiene durante 30 años la concesión, administración y mantenimiento de las vías férreas, por utilizar acciones legales y judiciales que retrasaron la llegada de otros proveedores del mismo servicio.
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