La incertidumbre que los acompañó durante dos días llegó a su fin este martes. El Poder Judicial ordenó la liberación de los tres miembros de mesa que habían sido detenidos tras el hallazgo de cédulas presuntamente alteradas en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos, durante la segunda vuelta electoral del pasado domingo.
La decisión judicial alcanzó a Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón de la Cruz, quienes integraban la mesa de sufragio 061020, instalada en el aula 101 de dicho centro educativo. Los tres habían sido intervenidos luego de que las autoridades detectaran rayones y marcas en algunas cédulas de votación.
La Fiscalía había solicitado el inicio de un proceso inmediato por el presunto delito contra la voluntad popular en la modalidad de atentado contra el derecho al sufragio. Sin embargo, el requerimiento no prosperó.
Dos días después de la intervención, la jueza Fiorella Linares, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de la Corte de Lima Norte, declaró improcedente el pedido fiscal y ordenó la inmediata liberación de los investigados.
La magistrada sostuvo durante la audiencia que el Ministerio Público no logró precisar cuál habría sido la conducta atribuida a cada uno de los intervenidos ni el rol específico que habrían desempeñado en la supuesta alteración de las cédulas electorales.
El incidente se remonta al domingo, cuando agentes del Ministerio Público intervinieron la mesa 061020 en medio de una acción de vigilancia electoral. El hallazgo de marcas en algunas cédulas motivó la detención temporal de los tres ciudadanos mientras se realizaban las primeras diligencias.
Durante el proceso, los investigados insistieron en que actuaron conforme a las reglas establecidas para los miembros de mesa. Martín Antonio Alarcón explicó que las firmas realizadas durante la jornada fueron colocadas únicamente en la parte posterior de las cédulas y bajo supervisión de personeros y testigos.
Tras recuperar su libertad, Alarcón expresó su alivio por la decisión judicial, aunque reconoció que la experiencia dejó secuelas. Según relató, los días de detención estuvieron marcados por la preocupación y afectaron su estado de salud, debido a problemas de presión arterial y episodios de ansiedad.
Su abogado señaló que la jueza no encontró elementos suficientes para individualizar responsabilidades, razón por la cual rechazó el requerimiento presentado por la Fiscalía.
Por su parte, Joseph Hans Aguilar sostuvo que durante toda la jornada electoral actuaron de acuerdo con la capacitación recibida y aseguró que siempre colaborarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.
Aunque recuperaron su libertad, los tres ciudadanos continuarán siendo investigados mientras las autoridades buscan determinar cómo aparecieron las marcas detectadas en algunas cédulas de sufragio.
El abogado de Aguilar señaló que la persona que denunció el hecho no pudo identificar quién habría entregado las cédulas presuntamente alteradas, aspecto que también forma parte de las diligencias en curso.
Tomás Alegre también celebró la decisión judicial. Tras abandonar la sede judicial manifestó su deseo de reencontrarse con su familia y amigos, luego de atravesar días que describió como de incertidumbre y mortificación.
La defensa legal de Alegre sostuvo además que se vulneraron derechos de su patrocinado al haberse excedido el tiempo de detención inicialmente dispuesto durante las investigaciones.
Mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido en la mesa 061020 del colegio Enrique Milla Ochoa, el caso sigue abierto. Las autoridades deberán determinar cómo se produjeron las marcas detectadas en las cédulas y si existió alguna infracción penal relacionada con la jornada electoral desarrollada en Los Olivos.
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