La Comisión Permanente otorgó 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que evalúe la denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el mandatario Pedro Castillo.
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La denuncia de la fiscal señala que el presidente Castillo habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
El 10 de noviembre, la citada subcomisión aprobó la denuncia contra el presidente Castillo que propone inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública.
Además en esta sesión se dio cuenta del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el proceso por traición a la patria contra el mandatario y se derivó el caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Cabe indicar que según la Constitución Política del Perú, el jefe de Estado solo puede ser acusado por delitos específicos, entre los que no encuentran delitos de corrupción.
Según la tesis de la fiscal, Castillo Terrones lideraría una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.
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