El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, enfrenta una denuncia por el presunto uso de un certificado laboral falso que habría sido determinante para acceder a la jefatura de la Sunafil y posteriormente ocupar otros cinco cargos en el Estado. Mientras el gerente de la empresa que supuestamente emitió el documento asegura que nunca lo contrató y que la constancia no es auténtica, el funcionario rechaza las acusaciones, afirma que sí prestó servicios y sostiene que será la investigación fiscal la que determine la verdad.
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El caso fue revelado por el dominical Cuarto Poder, que mostró el certificado laboral fechado el 30 de noviembre de 2017. En ese documento se indica que Solano se desempeñó como jefe legal de la empresa Service JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017, desempeñando funciones relacionadas con procesos judiciales, laborales y licitaciones públicas.
El presidente José María Balcázar realizó un reajuste a su Gabinete Ministerial con juramentación del nuevo titular de Trabajo, Freddy Solano González. (Foto: Presidencia)
Esa experiencia no era un dato menor. Según el reportaje, permitió acreditar uno de los requisitos indispensables para asumir la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), cargo que exige diez años de experiencia profesional, cinco años en el sector público y otros cinco en puestos de jefatura. Sin ese certificado, el actual ministro no habría reunido las condiciones exigidas para ocupar ese puesto.
Sin embargo, el documento quedó bajo sospecha cuando Carlos Ubillús, gerente general de JCU S.R.L., remitió en junio de 2024 una carta al Ministerio de Trabajo asegurando que el certificado no había sido emitido por su empresa. Además, afirmó que el logotipo, el membrete y la firma fueron adulterados, e incluso advirtió que el documento consignaba erróneamente el nombre “Service JCV S.R.L.” en lugar de “Service JCU S.R.L.”.
LA EMPRESA DESCONOCE EL CERTIFICADO
La posición del empresario fue ratificada ante las cámaras del dominical. Ubillús sostuvo que Freddy Solano nunca trabajó para su empresa y aseguró que el documento presentado no le pertenece. “No es mi firma, no es mi logo, no es mi membrete”, afirmó.
La defensa del ministro respondió rechazando las imputaciones. La abogada Sara Lozano aseguró que su patrocinado sí prestó servicios para esa empresa en Trujillo y negó que se haya elaborado o presentado documentación falsa ante el Estado. Añadió que existen recibos por honorarios, documentos suscritos con el representante de la empresa, una demanda presentada contra EsSalud y otros elementos que, según indicó, acreditan la relación profesional y forman parte de la investigación fiscal.
Tras conocerse la denuncia, Solano también emitió un comunicado en el que pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Señaló que ninguna investigación en trámite permite afirmar la comisión de un delito y cuestionó que el reportaje omitiera información y medios probatorios que, según sostuvo, fueron entregados oportunamente.
El caso comenzó a tomar forma en julio de 2023, cuando el área de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo detectó presuntas irregularidades en la documentación del entonces funcionario. Meses después, la empresa involucrada respondió oficialmente al ministerio negando la autenticidad del certificado laboral.
Fuente: Cuarto Poder.
EL CASO FUE ARCHIVADO EN LA VÍA ADMINISTRATIVA
Pese a la advertencia formulada por la empresa en junio de 2024, el procedimiento administrativo avanzó lentamente. Recién un año después se conformó una comisión ad hoc integrada por el viceministro de Trabajo, el viceministro de Promoción del Empleo y la jefa de Recursos Humanos para evaluar el caso.
Según el reportaje, un informe técnico emitido el 27 de mayo de 2026 concluyó que existían elementos suficientes para iniciar un procedimiento disciplinario por la presunta falsedad del certificado. Dos días después, Freddy Solano juró como ministro de Trabajo, convirtiéndose en el superior jerárquico de quienes participaban en la investigación administrativa.
La defensa del ministro rechazó las acusaciones y sostuvo que no se ha elaborado ni presentado ningún tipo de documentación falsa. Foto: Cuarto Poder
Finalmente, el 25 de junio de 2026, la Secretaría General del Ministerio de Trabajo declaró prescrita la potestad disciplinaria y ordenó el archivo definitivo del procedimiento por vencimiento de los plazos legales. En sus descargos, Solano solicitó que se declarara la prescripción y el archivo de las imputaciones, aunque, según el reportaje, no negó expresamente la falsedad del documento cuestionado.
Mientras el procedimiento administrativo quedó archivado, la investigación fiscal continúa. El certificado laboral bajo sospecha no solo habría servido para acceder a la jefatura de Sunafil, sino que también formó parte del expediente con el que Freddy Solano ocupó otros cargos en entidades públicas como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Corpac y PromPerú.
Ahora será el Ministerio Público el que determine si el documento fue auténtico o si, como sostiene la denuncia, permitió construir una carrera en el Estado sobre una constancia presuntamente falsificada.
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